Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Cada año, por estas fechas, Colombia negocia el salario mínimo como si se tratara de un examen de sensibilidad social. Es comprensible: el mínimo condensa expectativas de justicia y dignidad. Pero la discusión no es solo salarial. El salario mínimo se ha convertido en una declaración sobre el país que queremos: cómo distribuimos costos y riesgos, qué tan fácil o difícil es acceder a la formalidad y qué señal le enviamos a quienes contratan, a quienes buscan empleo y a quienes deciden invertir.
Esa lectura importa porque el salario mínimo no solo remunera el trabajo, sino que también ordena reglas. Sirve de referencia para aportes, sanciones, tarifas, topes y requisitos. Cuando sube, se mueven los umbrales, se recalculan las obligaciones y se reacomodan los presupuestos. La cifra funciona como un anticipo del futuro inmediato: permite vislumbrar una cascada de ajustes en entidades públicas y privadas, desde políticas de contratación hasta renegociaciones de precios y de contratos.
La estructura productiva del país da pie a la discusión concreta. Colombia es, ante todo, un país de microempresas. Confecámaras reportó que en 2024 se crearon alrededor de 300 mil empresas y que más del 70% de ellas fueron constituidas por personas naturales. Además, cerca de 1,7 millones de empresas formales activas son mipymes; 92% son microempresas. Allí, la nómina compite con el arriendo, los insumos y el crédito: ajustar el salario mínimo reacomoda el costo de ser formal.
El decreto que fijó para 2026 un salario mínimo de $1.750.905 —un incremento del 23%— busca proteger el ingreso de quienes están en el mercado formal. Esa finalidad es legítima. Pero para quien está creando una empresa, el primer empleo formal es un umbral: afiliaciones, reportes, tiempos de gestión y contingencias. Esas cargas sostienen derechos; también, si el sistema no es simple y predecible, se incentiva postergar contrataciones o preferir arreglos de vinculación que no siempre ofrecen una protección equivalente.
La innovación entra por un camino menos visible. Innovar es financiar el ensayo y el error: contratar talento antes de que produzca, capacitar, automatizar y probar mercados. Si los costos fijos crecen rápidamente, la empresa joven tiende a aplazar lo que no rinde de inmediato. El resultado es una economía que aprende más lentamente y escala menos.
La informalidad, finalmente, es el espejo que no conviene ignorar. En Colombia, más del 55% de la población ocupada es informal; en centros poblados y en áreas rurales dispersas, más del 80%. En las microempresas, el 85 % de los ocupados son informales. Por tanto, el aumento en el salario mínimo, es una política pública que beneficia a muy pocos.
El salario mínimo, en suma, es una señal de país. Puede ser una herramienta de equidad, pero también una prueba de coherencia institucional. La pregunta no es solo cuánto sube, sino qué decisiones habilita después: si acercamos la norma a la realidad para ampliar derechos, o si seguimos sumando mandatos que muchos no pueden cumplir. El salario mínimo es una brújula: señala rumbo, pero no reemplaza el camino.
