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Hoy se lleva a cabo una votación crucial en el Senado de la República: la elección del nuevo Procurador General de la Nación. Este puesto, que controla un amplio equipo de más de 4.000 funcionarios y cuenta con un presupuesto que ronda los 1.3 billones de pesos, no es solo un cargo más. Es un fortín que, a lo largo de la historia, ha sido utilizado para consolidar intereses políticos en lugar de garantizar la integridad en la función pública.
La terna presentada para la elección está compuesta, nuevamente, por figuras de la política tradicional. Germán Barón Cotrino, candidato de la Corte Suprema de Justicia, y Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y candidato del Consejo de Estado, son candidatos cercanos al exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Esto pone de manifiesto una tendencia preocupante: la facultad electoral otorgada a las altas Cortes parece haber fracasado en su misión de seleccionar personas idóneas para cargos de tanta importancia. En lugar de ello, tenemos una repetición del ciclo político, donde se premia a los que han sido parte del sistema, en detrimento de la calidad y la transparencia que deberían caracterizar la elección de un procurador.
Por otro lado, el candidato propuesto por el presidente Gustavo Petro, Gregorio Eljach, es un burócrata del Partido de la U, quien ha sido secretario general del Senado durante más de una década. Aunque algunos analistas han calificado la elección de Eljach como una “jugada maestra” por su capacidad de relacionamiento político, es innegable que su candidatura no está alineada con la misión de lucha contra la corrupción que debería guiar a la Procuraduría. Es evidente que la elección de un Procurador que cumpla con los estándares de integridad y eficacia en el control disciplinario de los funcionarios públicos ha sido sacrificada en nombre del pragmatismo.
La Procuraduría, con su enorme poder para vigilar la conducta de los funcionarios y destituir a aquellos que no cumplen con los estándares, debería ser un baluarte en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, como es evidente en la elección de hoy, el ambiente se encuentra plagado de intereses que desincentivan la votación por el candidato más idóneo. Ningún senador quiere un procurador que le haga la vida difícil a sus aliados.
Es frustrante observar que, pase lo que pase, y a pesar de los cuestionamientos sobre si Eljach cumple con los requisitos necesarios para asumir el cargo, la Procuraduría quedará en manos de la política tradicional. La lucha contra la corrupción se verá una vez más secuestrada por los intereses de operadores politiqueros, alejándola de su verdadero propósito.
La elección de hoy representa una oportunidad perdida para transformar la Procuraduría en un órgano de control efectivo y comprometido con la ética pública. Sin embargo, con la tendencia hacia el clientelismo y la política tradicional, el futuro de esta importante institución parece sombrío. Urge un compromiso real con la integridad en la función pública, para que la Procuraduría no sea un fortín burocrático o un arma política, sino un defensor de la justicia y la ética en el país.
