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Medellín está muy lejos de ser un estado fallido. Hoy en día la ciudad es próspera para estándares latinoamericanos, tiene ingresos fiscales considerables y provee abundantes bienes públicos y servicios sociales a sus casi 3 millones de ciudadanos. Tiene 280 policías por cada 100 mil habitantes, una cifra comparable a la de una ciudad como Los Ángeles.
Sin embargo, prácticamente cada barrio de Medellín — excluyendo El Poblado, Laureles, algunas partes de Belén y zonas industriales — cuenta con la presencia de alguno de los 400 “combos” que existen dentro del área metropolitana de la ciudad. Estos grupos se encargan tanto de actividades asociadas a rentas ilegales, como el microtráfico y la extorsión, como de actividades de “gobernanza” dentro de los barrios donde tienen presencia.
¿Cómo enfrentar la “gobernanza criminal” que imponen estos combos al margen de la ley?
La “competitividad” de Medellín en cuanto a crimen organizado la hace, a su vez, un lugar idóneo para realizar estudios que respondan a este tipo de preguntas.
Y esto es justamente sobre lo que indagan los ocho años de investigación del paper “Gang rule: Understanding and countering criminal governance”, entre cuyos autores se encuentran Santiago Tobón y Gustavo Duncan, profesores de la Universidad EAFIT: un trabajo académico que, desde Medellín, utilizando datos de Medellín, da guía para las políticas públicas de seguridad de ciudades de todo el mundo.
Utilizando datos cualitativos de entrevistas a líderes de combos, encuestas sobre la percepción de presencia estatal y gobernanza criminal en barrios de Medellín, datos geoespaciales de la ciudad y planteando un modelo de competencia duopólica entre la gobernanza del estado y la de los combos, el paper busca responder a la pregunta sobre qué ocurre con los niveles de gobernanza criminal en Medellín ante un aumento de la presencia estatal de la policía en un barrio dado.
Su resultado principal es contraintuitivo frente a lo que ha sido una de las políticas públicas más comunes para enfrentar los grupos criminales en ciudades como Medellín: en lugares de la ciudad donde las rentas ilícitas de los combos son altas, aumentar la presencia estatal podría tener el efecto perverso de incrementar la gobernanza criminal. Así, intervenciones que suelen ser populares como redadas policiales en barrios con altos índices de criminalidad, podrían acabar siendo contraproducentes frente al objetivo de luchar contra el poder de combos ilegales.
La evidencia y el marco teórico de la investigación sugieren un enfoque alternativo para enfrentar esta gobernanza criminal: debilitar los ingresos ilícitos de estos combos. La legalización de la marihuana, el tratamiento de adicciones y otras políticas que puedan ayudar a reducir la demanda por drogas, la principal fuente de ingreso de la mayoría de estos grupos, podría reducir sus incentivos para mantener una gobernanza criminal en muchas partes de Medellín.
Sin embargo, queda la pregunta de si esto sería realmente el resultado deseado, ya que debilitar el poder de los combos podría aumentar la violencia: la gobernanza criminal también aporta orden a una parte significativa de la ciudad, actuando como una autoridad con incentivos para resolver conflictos y buscar la paz en las zonas donde tienen presencia, de manera que no se afecten sus rentas.
Un estado “semi-fuerte” como Medellín, donde el gobierno es lo suficientemente poderoso para crear mercados ilícitos y amenazar a los combos, pero demasiado débil para eliminarlos por completo, se enfrenta a dilemas extremadamente difíciles a la hora de enfrentar al crimen.
Ojalá las autoridades responsables de las políticas de seguridad de la ciudad pudieran leer las conclusiones de esta investigación.
