Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
En la noche del 19 de abril de 1970, las radios colombianas daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla. Antes del amanecer, el gobierno silenció los boletines, decretó un toque de queda, y cuando el escrutinio oficial reapareció, la ventaja había cambiado de dueño: Rojas perdió por menos de sesenta y tres mil votos. El fraude que denunciaron sus seguidores esa noche nunca llegó a probarse. De esa denuncia nació el M-19, sobre una idea que sobrevivió a la guerrilla y a la paz: que el resultado legítimo de un pueblo puede ser arrebatado por una fuerza ajena a su voluntad.
Gustavo Petro entró al M-19 años después y ha descrito ese origen con sus propias palabras cada 19 de abril: “el día que se robaron por fraude las elecciones... de allí surgió el M19”. No hace falta afirmar que su comportamiento actual repite aquel episodio al pie de la letra: sería una exageración que los hechos todavía no sostienen. Lo que sí puede documentarse es algo más modesto, y más inquietante: la misma gramática que legitimó aquella denuncia sigue funcionando, y Petro es apenas su ejemplo colombiano más reciente, no su autor ni su único heredero.
Esa gramática tiene tres piezas, no dos. Primera: una denuncia de manipulación que se declara sin someterse antes a verificación, la haya o no. Segunda: la atribución de esa manipulación a una fuerza ajena a la voluntad genuina del pueblo, antes la oligarquía nacional, ahora empresas extranjeras. Tercera, y la que realmente distingue esta gramática de una simple sospecha: la conversión automática de la denuncia en autorización para una acción que, sin ella, sería ilegítima, ya sea tomar las armas, como en 1970, o desconocer una autoridad electa, como ahora. La sospecha sola se queda en el debate. Son las tres piezas juntas las que licencian la ruptura, y ninguna de las tres exige que la denuncia sea cierta: exige solamente que se use antes de que exista prueba. Esa es la declaración de método de esta columna: no evalúa si Petro tiene razón, evalúa si actuó, como en 1970, antes de tenerla. Esta semana, a días de dejar la Presidencia, Petro reunió las tres: escribió que a su sucesor “no le alcanzaron el medio millón de robots y personas pagas” que, según él, contrataron empresas extranjeras, y de ahí concluyó que el resultado no merece reconocerse, igual que en 1970.
Este mecanismo no nació con el M-19 ni morirá con Petro: aparece cada vez que un actor político reúne esas tres piezas para convertir la sospecha, no la evidencia, en la fuente suficiente de su legitimidad. Colombia lo vivió en 1970 desde la oposición que buscaba tomarse el poder; lo vuelve a vivir hoy desde el poder que se despide. La categoría no distingue de qué lado político venga: se prueba por sus tres piezas, no por las simpatías de quien la invoca, y cualquier denuncia futura, sea del signo que sea, puede medirse contra ellas. Cambia quién la usa y contra quién. La gramática que lo permite no ha cambiado.
Tal vez el error sea seguir preguntando si el fraude existió. La pregunta que 1970 y 2026 comparten es otra: qué tan poco necesita probarse algo para que alguien ya haya decidido. Actuar como si estuviera probado.
