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Quienes conocemos desde hace años el talante antidemocrático de Gustavo Petro y quienes ejercimos firme oposición a su gobierno desde el Congreso de la República, anticipamos que la transición hacia el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, no sería sencilla ni transparente. Por eso, no sorprende que el llamado a la desobediencia, que él y Cepeda han reiterado tras su derrota en las urnas, sea parte de una estrategia para desviar la atención de las autoridades y de la opinión pública frente a las decisiones que viene adoptando el Gobierno en sus últimos días.
Mientras el debate público gira alrededor del desconocimiento del resultado electoral y los ataques al presidente electo, el Gobierno aceleró el nombramiento de miles de personas en el SENA y la Cancillería, al tiempo que compromete cuantiosos recursos públicos mediante una intensa contratación de última hora, incluso habilitando los días feriados como hábiles, y en medio de graves denuncias de irregularidades como en el caso de la Aerocivil.
La realidad es inequívoca: mientras alimentan la confrontación política, Petro y sus funcionarios buscan ocultar pruebas sobre su infinita corrupción y asegurarse el control de las entidades públicas, dejando amarrada buena parte de la administración que recibirá el nuevo gobierno. Hoy es urgente revisar con rigor lo que se recibe y denunciar las irregularidades que encuentren, no por revanchismo ni persecución, sino como parte del compromiso con los colombianos.
De momento, la auditoría forense que adelanta el gobierno entrante ya comienza a arrojar resultados, pese al acceso limitado a la información como consecuencia del saboteo deliberado del gobierno Petro que llevó a cancelar el proceso formal de empalme. El Equipo Dorado Anticorrupción, conformado por el presidente electo, presentó las primeras denuncias y las correspondientes quejas disciplinarias y fiscales por presuntas irregularidades en el convenio celebrado entre la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por cerca de $500.000 millones; y en un contrato de asesoría jurídica suscrito por CENIT, filial de Ecopetrol, por más de $23.000 millones.
A propósito de la SAE, gravísima resulta la denuncia de uno de sus contratistas que, con evidencia a la mano, puso en conocimiento de la Fiscalía la presunta existencia de una asociación criminal que involucraría al Ministro de Minas, la Directora de la Entidad y la Directora de la Agencia Nacional de Minería, entre otros funcionarios y contratistas, para comprar, legalizar y comercializar oro sin la debida trazabilidad, principalmente asociado a actividades de extracción ilícita por parte de estructuras criminales en diferentes regiones. Se trataría de una sofisticada red de blanqueo de oro para incorporarlo a circuitos formales del mercado mediante intermediación de cooperativas, comercializadoras y entidades públicas que facilitarían su legalización documental y comercial.
Si estas son las primeras actuaciones detectadas con información aún incompleta, es razonable pensar que apenas vemos la punta de un iceberg cuyas verdaderas dimensiones solo podrán conocerse cuando el nuevo gobierno tenga acceso pleno a la administración que recibe.
Petro es la demostración de lo que dijo Tácito, el historiador romano: “en un espíritu corrompido no cabe el honor”.
