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El colegio más grande del Chocó quedó en ruinas. El Carrasquilla Industrial, en Quibdó, es hoy la imagen que resume lo que el sismo del 10 de agosto le hizo al país: 811 instituciones educativas colapsadas por completo y cerca de 3.100 con daños estructurales, según el Ministerio de Educación. Más de 440.000 estudiantes matriculados no pudieron volver a entrar a su establecimiento. De las escuelas afectadas, cerca de 800 están en el Chocó, y eso no lo explica la geología.
En la educación superior el golpe fue igual de hondo: 117 instituciones reportaron afectaciones, 54 sedes quedaron con daños graves, 91 suspendieron actividades y cerca de 115.000 jóvenes vieron interrumpida su ruta académica. La Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis Córdoba» declaró calamidad institucional y urgencia manifiesta, movió sus dos calendarios académicos y hoy sus 12.300 estudiantes no saben con certeza cuándo retomarán. El Icfes aplazó las pruebas Saber Pro y Saber TyT del segundo semestre. En el papel eso es un aplazamiento. Para un joven que llegó a la universidad con el esfuerzo de toda su familia, es un año que se va y un trabajo que aparece antes de que abran de nuevo.
El sismo golpeó donde ya dolía. El Chocó registró en 2024 una incidencia de pobreza monetaria del 67 %, mucho más que el promedio nacional. Sus escuelas rurales ya arrastraban techos frágiles, maestros insuficientes y una conectividad que no permite el remedio virtual con el que Caldas sostuvo a 30.000 niños en casa. Se cayeron primero los edificios que llevaban décadas sin mantenimiento.
Hay además una cuenta que no aparece en los informes. Los billones de pesos estimados en edificaciones e infraestructura educativa no incluyen el tiempo de aprendizaje perdido, y ese tiempo no se recupera. La pandemia nos enseñó que el estudiante que sale del sistema rara vez regresa. El presidente de la CAF lo dijo al anunciar cincuenta millones de dólares para colegios chocoanos: reconstruir aulas es evitar que niños y jóvenes terminen reclutados por bandas criminales. En un departamento donde la escuela es muchas veces la única institución presente, cada aula cerrada es un territorio que alguien más ocupa.
La respuesta no puede agotarse en reponer lo que había. Reconstruir con estándar sismorresistente, sí, pero también hacer seguimiento nominal —niño por niño, joven por joven— de quién volvió y quién no, porque la deserción se mide en nombres antes que en porcentajes. Las universidades del país tenemos algo concreto que aportar: cupos temporales para los estudiantes de la Tecnológica, homologación rápida de materias y profesores en préstamo.
El país se conmovió con el Chocó durante tres semanas. La deuda, sin embargo, lleva décadas. Al Ministerio de Educación y a la Gobernación del Chocó les toca poner fechas, presupuesto e informes públicos de avance. Que dentro de cinco años el Carrasquilla esté en pie y lleno no será generosidad: será un pago tardío.
