Por Alec karakatsanis
El mes pasado, el presidente Obama usó su poder de indulto para reducir las sentencias de 46 prisioneros federales encerrados por cargos relacionados con drogas. Pero en los últimos seis años, su administración ha trabajado repetidamente detrás de escena para asegurarse de que miles de personas pobres, desproporcionadamente minorías, languidezcan en prisión federal por sentencias que las cortes, y hasta el mismo presidente, han declarado ilegales e injustificables.
El caso de Ezell Gilbert es simbólico de esta injusticia. En marzo de 1997 fue sentenciado a 24 años y cuatro meses en una cárcel federal por posesión con intención de distribuir más de 50 gramos de cocaína. Por causa de las leyes obligatorias de sentencia, el...
