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Venezuela tiene el subsuelo más rico del planeta y una industria incapaz de aprovecharlo. Más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas —las mayores del mundo— y unos 195 billones de pies cúbicos de gas, frente a una producción que en agosto rondó 1,25 millones de barriles diarios, según la propia Pdvsa. En los años setenta bombeaba casi el triple.
La geología nunca ha sido el problema.
El estado del sector lo resume un dato: la refinación procesa hoy unos 400.000 barriles diarios, apenas el 31% de su capacidad instalada de 1,29 millones. Un equipo de Reuters que recorrió Amuay y Cardón este año encontró unidades intermitentes, fugas y equipos corroídos por dos décadas de desinversión. El país del crudo más pesado del hemisferio hoy importa los diluyentes para poder moverlo.
Lo que sí cambió fue el marco. La reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en Gaceta el 29 de enero, abrió las actividades primarias a operadores privados mediante Contratos de Participación Productiva, dejó las regalías a discreción del Ejecutivo bajo un techo del 30% y amplió las exoneraciones tributarias. Y la OFAC acaba de modificar ocho licencias generales que rehabilitan transacciones con PDVSA en petróleo, gas, petroquímica y minería.
Francisco Monaldi, del Instituto Baker de la Universidad Rice, calcula que volver a los niveles de hace dos décadas exige más de US$100.000 millones y más de una década de esfuerzo sostenido. Patrick Pouyanné, de TotalEnergies, llegó a una cifra parecida solo para sumar un millón de barriles adicionales de producción. La Cámara Africana de Energía estima US$53.000 millones en los próximos 12 años para sostener la producción actual. Son entre ocho y nueve mil millones de dólares anuales durante quince años, el equivalente a tres años del presupuesto global de inversión de ExxonMobil.
Ahí aparece el verdadero cuello de botella, que no es geológico, sino institucional. Delcy Rodríguez encabeza un gobierno encargado desde el 3 de enero sin fecha electoral definida; la negociación con parte de la oposición apenas arrancó en agosto; y la reforma deja al Ministerio de Hidrocarburos amplias facultades para fijar regalías y terminar contratos, sin garantía clara de arbitraje internacional. A eso se suman los terremotos de junio, cuya reconstrucción el Banco Mundial estima en US$19.700 millones. Y las licencias de la OFAC no son concesiones, sino permisos revocables, que se renuevan letra por letra. Y el reciente acuerdo firmado con Estados Unidos, todavía dista de poner en blanco y negro la forma en que se va a reactivar el sector.
Colombia no es espectadora en esto. Con un déficit de gas que este año bordea el 20% de la demanda, rehabilitar el gasoducto Antonio Ricaurte costaría entre 20 y 30 millones de dólares y tomaría entre 18 y 24 meses. Es el barril de seguridad energética más barato que tenemos a la mano, y Ecopetrol ya va en su tercera solicitud ante la OFAC.
El vecino no necesita que le encuentren petróleo. Necesita que alguien se siente a negociar. Colombia debería dejar de esperar y comenzar ya.
