Pico y Placa Medellín
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En noviembre de 2021, como concejal de Medellín, participé en un acuerdo con sectores del Centro Democrático para que el entonces alcalde Daniel Quintero no tuviera un presidente propio en el Concejo. El argumento era sencillo: frente a un gobierno local marcado por escándalos y por un manejo cada vez más personalista del poder, la oposición necesitaba garantías mínimas desde la mesa directiva de la corporación que lo vigilaba. Terminé votando por Simón Molina para la presidencia de 2022, pero la coalición de Quintero, con cuatro concejales del Centro Democrático, ganaron la presidencia de la Corporación con el conservador Lucas Cañas.
La respuesta de sectores del Pacto Histórico no se hizo esperar: “fascista”, “paramilitar”, y una lista de calificativos que prefiero no repetir. La lectura que hicieron de aquel pacto —bautizado por Quintero como el “pacto de Chuscalito”, en referencia al restaurante donde se cerró el acuerdo— fue la de una conspiración de las élites antioqueñas contra un gobierno “del pueblo”.
El lunes pasado, con la instalación del nuevo Congreso, vi la misma jugada repetirse casi al detalle, pero con los papeles invertidos. El gobierno entrante de Abelardo De la Espriella respaldó a Alfredo Deluque, del partido de la U, para presidir el Senado. Era su candidato, su apuesta, el hombre que había acompañado su campaña desde el principio. Pero el Centro Democrático —el partido con la bancada más numerosa de toda la coalición de gobierno— impuso en su lugar a Honorio Henríquez, con 56 votos contra 45. ¿Quién le dio esos votos al uribismo? En parte, el Pacto Histórico, que también respaldó a Simón Molina —sí, el mismo Molina de Chuscalito— para la vicepresidencia de la Cámara.
El argumento que circuló en pasillos del Capitolio para justificar esa alianza fue prácticamente calcado del nuestro en 2022: ante un gobierno con el que hay diferencias profundas, conviene disputarle el control de la mesa directiva del Congreso antes que dejarle vía libre a su candidato. Es decir: ganarle el pulso al Ejecutivo desde el Legislativo para tener con qué negociar, o al menos con qué resistir.
No tengo ningún problema con esa lógica. De hecho, la suscribí hace cuatro años y la sigo suscribiendo. Lo que no resulta sostenible es aplicarla como principio cuando conviene y como traición cuando la practica el adversario. Si ganarle la mesa directiva a un gobierno con el que se tienen reparos es un ejercicio legítimo de contrapeso democrático, lo es tanto en el Concejo de Medellín de 2022 como en el Senado de la República de 2026 —lo haga quien lo haga.
La política colombiana tiene una habilidad particular para convertir cualquier maniobra procedimental en una batalla moral, siempre que la haga el bando contrario. A mí me tocó cargar el estigma de “fascista” por una jugada que hoy el Pacto Histórico ejecuta sin que nadie en su propia orilla se atreva a llamarla por su nombre. Ojalá ese cambio de libreto venga acompañado, esta vez, de algo de autocrítica. Colombia merece una oposición seria, rigurosa y valiente.
