Acaba de comunicar el presidente Juan Manuel Santos Calderón, antes del anuncio habanero sobre el acuerdo final del pasado jueves, que el próximo 20 de julio llegarán a su fin estos lóbregos años en los cuales el Gobierno se sentó a discutir con el grupo minoritario de las FARC y que, entonces, advendrá “una etapa nueva para el país”.
El resultado es sabido: se va a suscribir un contrato de adhesión que sin conocerse se incorporó, de mortífero golpe, a la Constitución mediante un retorcido y dictatorial acto legislativo que se quiere refrendar mediante un plebiscito amarrado; y, lo más grave, tampoco se da siquiera un paso significativo en pro de la auténtica paz y de un nuevo orden social, en un país con unos abismos de clase asustadores.
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