Por ESTEBAN HOYOS CEBALLOS *
@ehoyosce
Nuevamente por Twitter nos enteramos de un par de medidas de la administración municipal para enfrentar el covid-19. Al momento de enviar esta columna, la Alcaldía de Medellín no había publicado el Decreto anunciado por el secretario de Gobierno y el alcalde el pasado jueves, en el que se decide decretar la ley seca todos los fines de semana hasta que termine la pandemia e imponer la medida del toque de queda en los próximos puentes festivos. Por eso, no podemos opinar conociendo la evidencia que respalda su adopción.
Pese a ello, creo que estas nuevas medidas anunciadas por el alcalde son contrarias a cualquier idea de reactivación económica, son ineficaces, desproporcionadas y, aunque buscan la protección del derecho a la salud, restringen severamente otras libertades ciudadanas. Son medidas autoritarias, pues afectan de forma injustificada y sin acuerdos sociales amplios los derechos constitucionales.
La prohibición de venta de licor en fin de semana es contraria a cualquier tipo de reactivación económica. Afecta gravemente al empresario legal que ha sobrevivido con domicilios en esta crisis. Hay datos concretos, como los publicados esta semana en el diario El País, de España, que muestran cómo estas prohibiciones estimulan los mercados clandestinos donde hay evasión, contrabando y comercio de licor adulterado. En el Estado de Puebla, en México, por ejemplo, donde el gobernador anunció ley seca a fines de abril, van 72 muertos por ingerir licor adulterado en lo que va de la pandemia. Una medida que en principio busca la protección de la salud puede terminar por afectarla gravemente.
Estas medidas son de difícil control y por tanto ineficaces. Los gobiernos nacionales y locales deberían evitar a toda costa la adopción de medidas que no tienen la capacidad de implementar. Como lo ha señalado muy bien el epidemiólogo de la Universidad del Norte, Julián Alfredo Fernández Niño, las medidas de cuarentena obligatorias, por ejemplo, pueden ser necesarias en el corto plazo, pero terminan siendo ineficaces en el mediano y largo plazo, pues generan reacciones de la población afectada en contra de las mismas, sin que el Estado tenga realmente la capacidad de imponerlas.
Las medidas son, además, desproporcionadas. Se anuncia que serán durante la pandemia. ¿Cómo saben las autoridades cuánto durará esta pandemia? Creo que es contrario a la Constitución limitar de manera severa e indefinida, mediante un decreto municipal, las libertades de movimiento, iniciativa privada, desarrollo de la personalidad, entre otros derechos que pueden verse afectados con las restricciones que por decreto impone el alcalde Quintero. Una medida que se plantea como excepcional y que restringe de forma severa derechos fundamentales debe tener, como mínimo, un término estricto de duración.
Desde estas páginas insisto de nuevo al alcalde que reconsidere su decisión. El camino para combatir este virus no es la adopción de medidas autoritarias como la ley seca indefinida o el toque de queda en los puentes. Como lo han sugerido los expertos, el camino es la educación, la comunicación efectiva de riesgos, el empoderamiento ciudadano y el trabajo articulado con las organizaciones de base. Se debe insistir en todo momento en las recomendaciones de las autoridades de salud que, junto con los habitantes de Medellín, han hecho un gran trabajo en esta crisis.
* Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Eafit.
