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Hace una semana el Ministerio de Medio Ambiente publicó un Decreto para comentarios sobre los “criterios para declarar y delimitar reservas naturales de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero”. Tema que hoy está generando todo tipo de posturas jurídicas sobre su inconveniencia basado en las interpretaciones de la cartera de Medio Ambiente. Pero, más allá de si es legal o ilegal, la preocupación que hoy subyace es sobre el futuro fiscal de más de 1.000 municipios en Colombia que hoy reciben regalías asociadas al sector minero energético. Para el bienio 2023-2024 el país cuenta con aproximadamente $43 billones para los diferentes departamentos y municipios colombianos según Minhacienda, y no podemos desconocer que muchos de estos últimos son de categoría sexta, que gracias a su baja población o bajos ingresos fiscales están al borde de convertirse en corregimientos si su situación de ingresos no mejora.
Pensemos, si en realidad el petróleo va en un proceso acelerado de salida en el corto y mediano plazo gracias a la menor demanda asociada a la entrada de las energías renovables y a las decisiones del gobierno nacional de desestimular la llegada de nuevas inversiones, entonces está en riesgo alrededor del 75% de los ingresos nacionales por petróleo. Peor aún, en la actualidad no se vislumbra un camino claro para ver quién y cómo sustituirá este ingreso nacional. Para rematar ahora se le suma este nuevo decreto que pone en riesgo el futuro del 25% restante de las regalías que provienen del sector minero.
Nadie cuestiona la importancia de la sostenibilidad ambiental, no en vano el sector minero aporta más del 50% de las compensaciones y siembra de árboles en Colombia, su huella hídrica es menor que en la agricultura y la ganadería, gracias a las tecnologías de economía circular y, de lejos, su contribución impositiva (Goverment Take), es mayor a cualquier otro sector. El problema que tiene Colombia es la extracción ilegal y criminal que no respeta ecosistemas, no paga impuestos, trabaja bajo la informalidad, genera violencia y enormes contaminaciones a los ríos y acuíferos en los territorios. Basta con revisar los análisis químicos del río Cauca para entender la gravedad de esta problemática.
La pregunta que debemos hacer al Gobierno es: ¿por qué no concentrar los esfuerzos en este tipo de extracción que no cumple ninguna norma? ¿Por qué no generar alianzas con el sector minero para desarrollar estrategias de desarrollo regenerativo en zonas sensibles donde hay potencial de recursos mineros? ¿Qué tal si trabajamos alianzas de transferencia tecnológica de la gran minería a la pequeña? Importante entender que este decreto va más allá de lo ambiental y pone en riesgo los ingresos futuros de más de 1.000 Municipios en Colombia.
Vale la pena dar una discusión holística, de lo contrario este tema puede llevar a una crisis incalculable. No se trata de grandes o pequeños, todos cabemos en el territorio.
Nota:
El autor de esta columna es Director de Asuntos Corporativos de Anglo Gold Ashanti
