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Por odio, ignorancia, estrategia destructiva o todas ellas, el `presidente´ Petro ha sostenido que las autopistas son para los ricos, llevándolas a un lamentable estado de postración que se paga con mayores costos logísticos en todo lo que consumimos y exportamos.
A partir del 2026, con unas mayorías políticas y sociales contundentes, Colombia deberá empezar su reconstrucción a partir de los retazos que deja el peor gobierno de nuestra historia. El actual gobierno dejará una herencia de crisis en salud, educación, energía, infraestructura, seguridad, corrupción, deterioro institucional, etc. Además, el panorama fiscal es el más estrecho en el presente siglo, con cifras del 2024 de deuda pública de 113,2 millones de USD y déficit fiscal de 114,5 billones de pesos, equivalente al 6,7% del PBl. Priorizar no será fácil y, como siempre, las urgencias sociales dominarán la agenda.
En este escenario, la infraestructura vial podría parecer un lujo postergable, cuando en realidad puede ser columna vertebral para la recuperación económica. Sin conectividad moderna, ningún país puede competir en el siglo XXI. Las vías no solo sirven para mover mercancías, sino que son vectores de integración regional, fuente de empleo y desarrollo regional. Su impacto se multiplica sobre todos los sectores productivos; por eso, aunque los recursos públicos escaseen, Colombia no puede darse el lujo de detener las concesiones viales ni la inversión en logística.
La razón es simple, la logística moderna no se mide en distancias sino en el costo económico de mover la carga. En Colombia, transportar un contenedor de 40 pies desde Buenaventura a Bogotá cuesta casi el doble que en México por una distancia comparable. Según estimaciones recientes, el costo logístico total equivale a entre 14 % y 18 % del PIB, mientras en EE. UU. ronda el 8,8 % y en países de la OCDE es de 6 a 8 %. Si Colombia lograra reducir su indicador a niveles de economías avanzadas, liberaría miles de millones de dólares cada año para inversión y competitividad.
La geografía difícil explica parte del problema, pero no todo. Otro indicador revelador es el índice de sinuosidad de nuestra vías, que compara los kilómetros reales de viaje con la distancia en línea recta. En Colombia, es cercano a 1,58; en EE. UU. está en 1,10; en México 1,18; en Brasil 1,25. Esta desventaja implica más combustible, mayor desgaste de flota, más horas-hombre y mayores riesgos. Todo ello se traduce en precios menos competitivos.
Con un Estado fiscalmente agotado, la clave estará en atraer inversión privada. Ya se hizo antes, los programas de concesiones 4G y 5G mostraron que las asociaciones público-privadas (APP) pueden movilizar recursos externos y capacidad técnica global para cerrar la brecha vial; además, la inversión en infraestructura no compite con el gasto social, sino que lo habilita. El desafío es retomar el ritmo, asegurar reglas claras y priorizar proyectos estratégicos como condición de desarrollo.
La reconstrucción de Colombia será ardua y requerirá decisiones difíciles. Pero la infraestructura vial no puede seguir en pausa, debe ser una apuesta de país, una política de competitividad. Cada año que demoremos en modernizar nuestra red de carreteras es un año perdido frente a competidores mejor conectados. En un mundo interdependiente, la conectividad define la prosperidad. Corregir esta desventaja es una tarea inaplazable.
