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Ana Cristina Restrepo Jiménez
Columnista

Ana Cristina Restrepo Jiménez

Publicado el 02 de marzo de 2022

Genocidio y destierro

“Cogió el arma [un agente del DAS] y empezó a pasármela por la cara [y] por los senos”, Luz Mery, exiliada de la Unión Patriótica (UP).

¿Es necesario esperar el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) o la constatación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para denominar genocidio al exterminio de la UP? Mañana se estrena el documental Unión Patriótica: desde las cenizas, una exploración del trabajo conjunto que la CEV y la JEP han efectuado con las víctimas de una violencia sistemática que culminó en el equivalente contemporáneo del destierro: el exilio político.

“El exilio es volver a empezar todo de nuevo, pero no desde los pedazos, sino desde las cenizas”, lamenta el comisionado internacional de la CEV, Carlos Martín Beristain, quien ha recogido testimonios en veinticuatro países.

Destierro... ¿y genocidio?

El Caso 06 de la JEP avanza entre 8.300 víctimas y 9.500 hechos victimizantes. La metodología de contraste acoge fuentes civiles y oficiales: Corporación Reiniciar (6240 casos), Fiscalía (1682), Centro Nacional de Memoria Histórica (1682); Cancillería-Cerac (1682); Sala de Reconocimiento (856); Justicia Transicional de la Fiscalía (672) y Registro Único de Víctimas (1.200). (El RUV no establece la categoría “UP”, el dato procede de cruces comparativos). Dicho universo, temporal, señala al paramilitarismo y al Estado como victimarios.

¿Qué ha hecho el Estado por la UP?

“Por los exiliados, nada. Por falta de confianza en el Estado, una parte muy pequeña de ellos se ha presentado para obtener reconocimiento con la Ley de víctimas. Nuestro trabajo es recuperar la confianza”, explica Beristain. Y agrega: “Miembros de la UP han tenido que pasar por problemas de seguridad, incluso el seguimiento de la operación Europa, llevada a cabo por el G3 del DAS”.

¿Y la responsabilidad del cuerpo diplomático que debió velar por los desterrados? No existen datos de políticas de protección ni de asistencia a víctimas exiliadas por parte del Gobierno nacional.

El magistrado Gustavo Salazar afirma en el documental: “¿Esto por qué tomó veinte años? Es evidente que hay manos grandes en algunos casos. No hay ninguna otra explicación: son muchos casos donde todo avanza y de un momento a otro ¡se detiene!”.

Latinoamérica no ha documentado un caso similar de exterminio partidista. Esta persecución de más de treinta y cinco años tiene las características de un crimen internacional e imprescriptible.

En 1984, la UP surgió como un proyecto político de un proceso de paz frustrado. “Si la UP hubiera podido seguir su camino, habría sido el mejor signo de una democracia saludable”, considera Beristain. “La UP no era el brazo armado de una organización militar”, asegura Iván Cepeda en el testimonio sobre el asesinato de su padre, Manuel.

La reparación es, ante todo, política. ¿Cómo debatir ideas en Colombia sin ser estigmatizado ni martirizado?

Más de trescientos reincorporados de las Farc asesinados. La historia parece repetirse. Y el gobierno de Iván Duque eligió su lugar.

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