Una vez más el alto mando militar de Colombia aparece involucrado en acciones contrarias a la legalidad y emparentadas con desvíos autoritarios, propios de regímenes sin legitimidad democrática, como en los tiempos de dictaduras castrenses apoyadas en la arbitrariedad de las armas.
El montaje de sistemas de espionaje o seguimiento a periodistas, dirigentes políticos, líderes sociales, defensores de derechos humanos y hasta servidores oficiales, configura un entramado con finalidades represivas, mediante el cual se busca la descalificación, hasta la estigmatización de los escogidos como objetivos de tales estrategias.
Las revelaciones de la revista Semana sobre el espionaje de organismos de inteligencia militar dependientes del Ejército a periodistas y otros colombianos con activismo público, dan cuenta de seguimientos hostiles, encaminados a identificarlos como protagonistas de acciones perturbadoras, una forma de ponerlos en el bando de la ilegalidad. Es como colgarles la etiqueta de “afinidad con el terrorismo” y descalificarlos con esa trampa burda.
Esa cizaña, con intenciones de linchamiento, está montada como pieza del Ejército, pero resulta que los altos mandos ahora niegan su paternidad y se hace recaer la responsabilidad del infundio en un personal subalterno que no tenía competencia alguna para una operación de tal calibre.
El lavado de manos de la oficialidad que decide es el reconocimiento de la gravedad del hecho. Una maniobra burda contra la libertad de expresión, contra la democracia, contra la legalidad y hasta la legitimidad de la institución militar. No es un episodio aislado de unas cuantas “manzanas podridas”, como se pretende hacer creer. Lo que se hizo es el producto de la concepción abusiva del poder, de orientación represiva, contraria a las libertades e inclinada a la subordinación. No obstante su desatino, el Gobierno, en lo más elevado de la cúpula tampoco ha sido categórico en desautorizar, desmontar el engendro y sancionar a los responsables.
Debe quedar claro que el espionaje descubierto no es una travesura pueril. Fue pensado para censurar, intimidar y cerrarle el paso a quienes no son dóciles u obsecuentes con el dogma oficial.
Tampoco es la primera vez que ocurre un caso de esa magnitud. Las Fuerzas Armadas de Colombia se han visto involucradas en forma recurrente en actos de resonancia negativa, como los llamados “falsos positivos”, contrataciones pasadas por la corrupción, la permisividad del acompañamiento de reconocidos paramilitares para la ejecución de acciones oficiales. El Ejército, que ha sido tan mimado por los colombianos no debió caer en ese descarrilamiento. Su función no es la de agredir a unos colombianos por ideas, etnia, género, clase o condición sexual. Para merecer el respeto a su autoridad tiene que ser integralmente respetable.
(Colprensa).
