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El desembarco está hecho. Hasta el 31 de marzo pasado, unos 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para hacerse con la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como “ley de nietos” que beneficia a los descendientes de los exiliados durante el franquismo. De este aluvión de solicitudes, ya se han aprobado 545.000 expedientes.
Las oficinas consulares en todo el mundo han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y se han aprobado ya 545.000 expedientes, practicando 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular. Solo en México se han recibido 117.226 solicitudes. Se han aprobado 53.597 y se han inscrito 45.002.
España se aproxima a 2029, año marcado en rojo en el calendario en el que comenzará a descender la población en edad de trabajar, entendida como personas que tienen entre 16 y 66 años, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Un proceso que la llegada de inmigrantes podrá compensar parcialmente, pese a ser elemento clave para sostener el número de trabajadores en activo por pensionista.
Según un sesudo informe de la Autoridad Fiscal, el número de llegadas tendría que incrementarse en un millón de personas hasta 2050 para mantener la tasa de dependencia (relación entre personas en edad de trabajar y dependientes) en 48,2%. Sin embargo, los flujos de llegadas para las próximas décadas tanto de estos dos organismos como de Eurostat no son tan optimistas, lo que supone un reto para el sistema público de pensiones, ya que la población en edad de trabajar se reducirá en un 7% de aquí a 2050 hasta las 30.647 personas. Los últimos informes de la AIReF apuntan a que esta tasa de dependencia crecerá hasta superar el 70% en 2054 por el elevado número de jubilados.
Les cuento todo esto porque en breve comenzarán ustedes a vivir la misma situación. Quizás no a la misma velocidad, pero todo apunta a que así será. A estas solicitudes de nacionalidad se une el proceso de regularización masiva de entre medio millón y hasta 800.000 personas que ha lanzado el Ejecutivo social-comunista que gobierna España desde 2018. Me han leído criticar estas jornadas de puertas abiertas que lo único que hacen es generar un “efecto llamada” porque no se han aprobado ni por el Parlamento español ni han sido suficientemente filtradas para evitar que se conviertan en un coladero.
Que España necesita mano de obra es evidente. Pero dispuesta. Gente joven que venga a labrarse un futuro y no a aprovecharse de los sistemas de protección públicos, desde la Educación a la Sanidad, que se encuentran entre los mejores del mundo a pesar de encontrarse ya saturados.
De nada nos vale que una persona trabajadora pida reagrupación familiar una vez que logre la nacionalidad para traerse a toda su familia, abuelos incluidos. Eso nos empobrece a todos e hipoteca el futuro de esa familia. Todo el que venga a trabajar debe ser recibido con los brazos abiertos. Pero el que venga a vagar y a aprovecharse debería de ser despachado con cajas destempladas.
