Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
La gran cleptómana argentina Cristina Fernández de Kirchner apura sus últimas horas en libertad después de que la Corte Suprema ratificara una condena por la trama de corrupción que tejieron su marido, ella y su clan en su bastión de Santa Cruz, región que saquearon durante casi tres lustros. El escarnio público y la condena le llega tarde a la viuda negra de la política argentina después de dejar famélicas las arcas de un Estado que ahora trata de resucitar con cuidados intensivos el pragmático a la par que histriónico Javier Milei.
A sus 72 años, CFK tiene hasta este sábado para apurar su libertad después de ser condenada en firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarse probadas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz en los gobiernos de su marido Néstor Kirchner (2003-2007) y los encabezados por ella, entre 2007 y 2015.
Tres jueces del Supremo fallaron por unanimidad ratificar la condena que se emitió contra Fernández en primera instancia en 2022 y que la Cámara de Casación Penal confirmó en noviembre de 2024. Por su edad, la reina del peronismo más ratero podría beneficiarse de prisión domiciliaria, pero esa opción se la tendría que conceder el titular del tribunal que la condenó en primera instancia.
Repasemos brevemente la trama que urdió el clan Kirchner durante años. La denominada ‘causa Vialidad’ tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras la sureña región de Santa Cruz a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su hoy viuda, Cristina Fernández (2007-2015).
El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el trato de favor de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.
El 27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, y determinó que cerca del 85 % de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicado a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.
Ese 2022, un tribunal oral condenó a la exmandataria a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena fue solo por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, no por asociación ilícita, cargo del que fue absuelta.
La Cámara de Casación Penal confirmó el año pasado ese fallo ratificado ahora por el Supremo.
Ese es el recorrido judicial, pero las informaciones en los principales medios argentinos recogen que las diferentes empresas de Báez recibieron encargos de obra pública en la provincia de Santa Cruz por valor de 2.200 millones de dólares. Esto supuso que entre 2004 y 2015 el patrimonio personal del empresario creció en un 12.000%, mientras que el de Austral Construcciones, su empresa matriz, se disparó en un 46.000%.
El saqueo final de los Kirchner está por determinarse, pero anda entre los 500 y los 1.000 millones de dólares. Como era de esperar, la saqueadora ha puesto a parir a los jueces y al Gobierno de Milei y ha tratado de volver a ponerse la careta de Juana de Arco que tan mal le queda. El problema es que, a fuerza de engañar, ya nadie la cree. Que tomen nota otros mandatarios no muy lejanos: a todo cerdo le llega su San Martín.
