Por Jorge Barrientos Marín*
@jhbarrientos
Es en épocas de profundas crisis económicas cundo resurge la propuesta de implementar un ingreso básico universal –IBU– para la población. En esta ocasión es por cuenta de la pandemia y el consecuente aislamiento que ha llevado a un cese súbito de la actividad económica, profundo y con efectos duraderos sobre el empleo, cuya tasa general en mayo llegaba al histórico nivel del 21,4 %. La más reciente intención de implementar medidas en esta dirección surgió la semana pasada en el legislativo, y ya hay un proyecto de ley en curso para proveer un ingreso básico (un salario mínimo) para 9 millones de hogares afectados por la crisis que enfrentamos.
Se ha escrito mucho sobre garantizar un ingreso básico para la población, una idea sexy y rentable políticamente, pero cuya viabilidad fiscal es cuestionable. Hablar es barato: es fácil decir que es necesario una renta básica para todos, sin definir aspectos cruciales para pasar del discurso romántico a la realidad, como, por ejemplo, la duración (por cuánto tiempo es prudente), qué significa ingreso básico (cuánto es el monto apropiado de tal ingreso) y qué se entiende por universal (es decir, quienes son los potenciales beneficiarios, si son todos los afectados por la crisis o solo los realmente vulnerables, etc.).
Primero, es claro que cualquier ingreso garantizado a la población afectada debe ser transitorio: desde el punto de vista fiscal es inviable que sea permanente, el solo costo de la atención de la crisis estos meses costará unos 60 billones de pesos, lo que significa un incremento en la meta del déficit fiscal que lo elevaría al 6.1 %, así como un incremento de la deuda pública del 13 % llevándola a niveles cercanos al 60 % del PIB para 2020.
Segundo, está el tema de la definición del monto, y es quizá lo más delicado. Algunos proponen un salario mínimo por hogar, lo que es insostenible, porque el mínimo en Colombia, como proporción del salario medio, es relativamente alto (es además un ingreso de referencia para personas sin educación).
Tercero, si no se incluyen todos los afectados –casi todos los colombianos– ya no es universal. Entonces, la discusión se traslada al campo de la focalización, donde lo relevante es definir muy bien quiénes deben ser los beneficiarios.
Esta preocupación de los legisladores y gobernantes por los vulnerables y afectados por la crisis socioeconómica, si bien es comprensible, no puede hacernos olvidar que el país viene implementando de tiempo atrás programas de ingreso básico que, aunque no universales, sí están focalizados y bien orientados, por ejemplo, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor (escaso de recursos pero una buena política social), el muy conocido programa de transferencias condicionadas llamado Familias en Acción, que ha venido mejorando el ingreso al incluir la devolución del IVA de los bienes básicos a sus beneficiarios.
En cualquier caso, la meta del Gobierno debe ser incrementar el número de beneficiarios y elevar los recursos destinados a estos programas siquiera al 2 % del PIB (actualmente es poco más del 0,4 %). Pero esto requiere un incremento de recaudo tributario del 25 % del PIB (promedio de la OCDE) y no el 14 % promedio anual actual.
Pese a los programas existentes de ayudas basadas en transferencias monetarias a los más vulnerables y las nuevas ideas de los gobernantes al respecto, la realidad es que una economía marchando y el mercado, de la mano del Estado, son el principal mecanismo de generación de ingresos para la población –recordemos que más del 80% del empleo lo genera el sector privado–.
Si salimos del discurso romántico y nos atenemos al principio de realidad concluiremos que no hay ayudas ni subsidios del Gobierno que sustituyan un aparato productivo robusto y las personas trabajando.
* Director, Centro de Investigaciones y Consultorías –CIC– Universidad de Antioquia.
