La Corte Constitucional revisó el proyecto de ley estatutaria aprobado en el Congreso respecto a la regulación de la administración de justicia por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y ha proferido su fallo.
Según lo que sabemos hasta ahora, declaró inexequible la disposición que había remitido a la justicia ordinaria los procesos por delitos sexuales, por entender que el Congreso carecía de competencia para señalar penas distintas a las previstas en el Acto Legislativo.
O sea, los criminales de las Farc y de otros grupos armados que cometieron atrocidades sexuales contra mujeres, adolescentes, niñas y niños; esos animales que secuestraron jovencitas, algunas de escasos 11 años, y las obligaron a servirlos sexualmente por años, por décadas, aguantar maltratos y humillaciones, a cargar un fusil y trabajar como guerrilleras y, encima de todo, practicaron en ellas abortos forzados, en algunos casos tan violentos y repetidos que las dejaron estériles, esos salvajes, no tendrán que responder ante la justicia común, sino que irán a la cómoda JEP que los condenará, por su monstruoso crimen, a sembrar un jardín en la escuela del pueblo, o algo por el estilo.
Ese aberrante e inaceptable fallo de la Corte ha dejado al país con una horrenda sensación de náusea y disgusto y con una amarga vergüenza. ¡La Corte ha dado la espalda a estas víctimas!
El fallo de esta Corte, formada mayormente por hombres, es tan inicuo como lo es el crimen de violencia, violación y abuso sexual en todo el sentido de la palabra. La palabra inicuo se aplica con exactitud, tanto al crimen sexual, como al fallo de la Corte.
Por un lado, es injusto y carece absolutamente de equidad, como la palabra inicuo lo indica, y por otro es malvado y cruel, tomando el otro significado de la palabra. Especialmente, es malvado porque no es una acción aceptable; al contrario, es una acción moralmente inaceptable, porque predomina la crueldad y tiene como consecuencia la generación de dolor e inmenso sufrimiento. Dice el diccionario que: “alguien que obliga a otro a servirlo y constantemente lo maltrata sin razón, podrá ser calificado de inicuo”. Y ¿qué decir de unos magistrados que ignoran ese sufrimiento?
No creo que ninguno de ellos se haya tomado el trabajo de oír el testimonio de algunas de estas mujeres, de su tragedia, del maltrato y humillación sufridos a manos de los líderes de las Farc.
Con inmenso dolor recuerdo a una de ellas, hoy parte de la agrupación “Rosa Blanca”, describir cómo a los 11 años la “arrancaron” de su casa hombres de las Farc. Nada valieron las súplicas de sus padres para impedirlo. Ese mismo día la violó el jefe del grupo y, luego, la pasaron de mano en mano para disfrute de todos. Según recuerda, fueron más de 60 los violadores en los primeros días.
Estos son delitos abominables, ajenos por completo al conflicto, a la “lucha revolucionaria” y al delito político y, como tales, deben ser juzgados por la justicia común. ¿Qué clase de magistrados no entienden eso? ¿Acaso no entienden que se trata de crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario, de flagrantes violaciones de los derechos humanos, no relacionados, directa o indirecta, con el conflicto armado? Para Colombia, este fallo es inicuo e inaceptable.
