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A comienzos de junio, Gustavo Petro anunció que convocará por decreto la consulta popular que el Senado había hundido tres semanas antes. Lo hizo entre denuncias de complots, acusaciones de fraude parlamentario y evocaciones de viejas heridas democráticas. Con un solo gesto, el presidente puso en jaque la arquitectura institucional que la Constitución de 1991 diseñó para contener el poder y encauzar los desacuerdos.
El asunto no es menor. Colombia reconoce la consulta popular, pero la ley exige aprobación previa del Congreso; sin ese aval, el decreto presidencial sería una usurpación de competencias e incluso un delito. El vacío institucional golpearía seriamente la confianza inversionista y la reputación internacional del país, enviando la señal de que en Colombia las normas se alteran por decreto cuando el Congreso estorba.
La historia advierte. Chávez recurrió en 2007 a un referendo para reescribir la Constitución; Evo Morales buscó un tercer mandato apoyándose en consultas; Nayib Bukele legitima decisiones con plebiscitos virtuales. La región está llena de ejemplos que empiezan con un aplauso callejero y terminan con jueces amordazados y prensa domesticada. Todos prometieron “más voz del pueblo” y terminaron concentrando poder. Colombia no es inmune. Cuando el Ejecutivo sustituye al contrapeso legislativo con un megáfono de plaza pública, la balanza republicana se inclina peligrosamente.
Más inquietante que la audacia presidencial es el silencio de sectores que siempre han defendido la institucionalidad. La fragmentación opositora y el miedo a la polarización han dejado el debate en manos del ruido digital, donde los matices se pierden.
La sociedad civil no puede delegar su voz. Se necesita un coro amplio y plural que recuerde que las reglas existen para todos, sobre todo para quien ocupa la Casa de Nariño. Empresarios, sindicatos, iglesias, movimientos sociales y academia deben coincidir en lo esencial: sin respeto por el procedimiento, ninguna causa—por noble que sea—merece imponerse. Criticar no equivale a sabotear al gobierno; es parte de la lealtad constitucional que impide que el desacuerdo se degrade en abuso.
No se trata de oponerse a la consulta porque sí, sino de defender el principio elemental de que los fines no legitiman cualquier medio. Si el presidente cree que su propuesta goza de respaldo ciudadano, que vuelva al Congreso, negocie y convenza. Esa es la fatiga y también la belleza de la democracia: obliga a escuchar al otro, no a saltárselo.
La última palabra no está escrita. Dependerá de la Corte, sí, pero sobre todo de la presión cívica. Colombia ha salido de momentos más oscuros cuando la ciudadanía se plantó con firmeza. Hoy la urgencia es idéntica: recordar, alto y claro, que la legitimidad nunca nace de un decreto, sino del respeto riguroso a las instituciones que todos compartimos.
