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En los relatos de caballería, Gaula nunca fue un reino cómodo. Era un territorio sitiado, con amenazas externas y debilidades internas. Pero era el orden que valía la pena defender, porque sin él solo quedaban el saqueo y la ley del más fuerte. En Amadís de Gaula, los caballeros no prometían lo imposible: asumían riesgos y enfrentaban la realidad.
Hoy Colombia llega ad portas de elecciones al Congreso y a la Presidencia en una situación parecida. Un país con un hueco fiscal creciente, finanzas públicas desordenadas, déficit de inversión y una urgencia inaplazable de generar empleo formal y desarrollo productivo. Y, sin embargo, el debate político parece empeñado en evitar algunas verdades incómodas.
Todos los candidatos prometen valor agregado, industrialización, transición energética y crecimiento verde. Algunos dicen con claridad de dónde saldrán los recursos, deberían decirlo todos, para sostener la base fiscal y financiar el desarrollo de Colombia. Quienes no lo dicen ofrecen castillos, pero a la vez reniegan de las canteras.
La minería vuelve a aparecer entonces como el villano fácil. Se le critica con ligereza, se le promete restricciones, moratorias o desmontajes, mientras al mismo tiempo se exigen más ingresos, más inversión social y más empleo. Es una incoherencia peligrosa. No se puede cerrar una de las principales fuentes de exportaciones, regalías, impuestos y encadenamientos productivos y, al mismo tiempo, prometer estabilidad fiscal. Tenemos una oportunidad enorme.
Hablar de valor agregado sin hablar de minería es una forma elegante de evadir la discusión real. No existe industria avanzada sin minerales. No hay transición energética sin cobre, níquel, litio, oro o tierras raras. No hay infraestructura, vivienda ni soberanía tecnológica sin extracción responsable. Negar esto no es ambientalismo: es negacionismo productivo.
Lo más preocupante es que esta narrativa termina debilitando la minería formal —la que cumple licencias, paga impuestos y responde ante el Estado— y deja espacio a la ilegal, que sí destruye ecosistemas, financia estructuras criminales y no genera desarrollo territorial. Cuando el Estado se retira, el vacío institucional queda y lo ocupa el caos.
Gaula, como metáfora, es clara: un sistema imperfecto se corrige, no se abandona. Defender la minería responsable no es cerrar los ojos a sus impactos; es exigir mejores estándares, más tecnología, economía circular y regenerativa, encadenamientos locales y planeación de largo plazo. Es convertir la riqueza del subsuelo en desarrollo real y empleo digno.
En esta contienda electoral, Colombia no necesita candidatos que prometan aplausos fáciles. Necesita dirigentes capaces de hablar con sinceridad y coherencia, de asumir costos políticos y de decir lo evidente: si queremos salir del hueco fiscal, ordenar las finanzas y generar desarrollo, alguien tiene que atreverse a defender Gaula. Valoremos a los candidatos valientes que dicen las cosas como son para poder construir un mejor país.
Y en ese camino, la minería bien hecha no es el enemigo. Es parte de la solución.
