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El Gobierno Petro anunció nuevamente el proyecto de Ley para prohibir el desarrollo de los yacimientos no convencionales en Colombia. Esta iniciativa, impulsada por los sectores progresistas desde 2018, ha sido archivada en cinco oportunidades por falta de respaldo en el Congreso.
Colombia lleva más de 16 años preparándose técnica y científicamente para implementar el fracking, una tecnología que podría aumentar las reservas de hidrocarburos, reducir la dependencia de importaciones de gas (hoy superiores al 30 % del consumo), fortalecer la seguridad energética, generar empleo e incrementar las regalías para las regiones.
Las estimaciones indican que las reservas de gas podrían pasar de 2,3 TPC a cerca de 25 TPC, garantizando el abastecimiento durante varias décadas. Países como Estados Unidos y Argentina son prueba de ello.
En Colombia, la crisis energética ha servido para que muchos reconsideren posiciones, especialmente dirigentes que hace pocos años rechazaban el fracking hoy lo defiendan en medio de una realidad que terminó imponiéndose sobre la ideología. Los últimos cuatro años, la ideologización ha alejado de la evidencia científica. Los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque conformaron comisiones de expertos que, tras rigurosos estudios, recomendaron una hoja de ruta para desarrollar Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), con estándares ambientales y de seguimiento.
Sin embargo, al llegar a la Presidencia en 2022, Gustavo Petro suspendió los proyectos piloto (incluso uno de ellos licenciado) sin presentar nuevos estudios técnicos que justificaran esa decisión. No es la primera vez que ocurre. Basta recordar cuando llegó a plantear la posibilidad de desmontar Hidroituango, desconociendo la importancia estratégica que esa infraestructura tiene para el sistema eléctrico nacional.
La realidad energética del país ya no admite aplazamientos. Necesita garantizar el suministro de gas natural para cerca de 37 millones de usuarios, además de abastecer a la industria, el comercio y al sector transporte, donde más de 200.000 vehículos operan con este combustible. Los primeros meses de 2026, la producción comercializada de gas natural cayó 12,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Entre enero y mayo, la producción promedio fue de 697,8 millones de pies cúbicos por día (MPCD), frente a los 794,4 MPCD registrados en 2025. Esta reducción incrementa dependencia de importaciones y hace vulnerable al país frente a fenómenos climáticos como El Niño, que podría afectar con mayor intensidad la generación de energía.
El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si la evidencia científica y la regulación existente ofrecen garantías suficientes, no debería existir temor para avanzar en el desarrollo de los yacimientos no convencionales y tecnologías como la energía nuclear. La irresponsabilidad sería aplazar una decisión estratégica mientras las reservas disminuyen y la dependencia del gas importado aumenta. La seguridad energética no puede seguir siendo víctima de la ideología. Como decimos en Antioquia: hay quienes disfrutan de la leche, pero no quieren a la vaca.
