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Es verdad que el Estado colombiano debe ejercer “suprema inspección y vigilancia” en las universidades, conforme con el artículo 57 de la Constitución y por eso el Ministerio de Educación ordenó “medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad de Antioquia, como respuesta a la crisis financiera que atraviesa esta institución de educación superior”. Hasta ahí, bien. Sin embargo, aparecen dudas y preguntas con base en la observación y la experiencia y los hechos indicativos de una confrontación cada día más perjudicial entre el poder central y el gobierno regional y la exposición de la corporación universitaria a la vulneración de su autonomía si se exceden los controles razonables.
Llámese desconfianza, incertidumbre, aprensión o temor justificado, en el ambiente se extiende un signo creciente de interrogación. ¿Qué pasará con el Alma Mater de los antioqueños? ¿Está en riesgo de quedar envuelta en la corriente estatizadora del actual gobierno y de perder su naturaleza regional? ¿Si no se resuelve la aguda crisis económica y financiera que viene incrementándose sin solución a la vista, quedará subsumida por el Ejecutivo glotón e insaciable que la convertirá en trofeo de la pugna con las regiones, más todavía si la Universidad es la máxima empresa de Antioquia en toda su historia, de cuyo honroso acto de independencia está conmemorándose hoy 11 de agosto un nuevo aniversario?
En la resolución del Ministerio se argumenta que “se evidenciaron graves riesgos asociados a la liquidez, limitaciones en el control del gasto, disminución en la capacidad operativa y deficiencias en la gestión, situaciones que representan una amenaza para la garantía del derecho a la educación superior y la continuidad de las actividades académicas”. La vigilancia especial se concreta en un “plan de mejoramiento obligatorio”, la designación de un “inspector in situ”, la “intervención en el manejo de recursos”, más otras disposiciones. No cuenta para nada la Gobernación, cuyo titular es Presidente del Consejo Superior, muy incómodo para los señores del régimen. Por la escuetud de lenguaje bancario de la decisión, me queda la sensación de que está dándosele a la Universidad -¡a la Universidad de Antioquia!- un trato desobligante comparable al que se le daría, si fuera el caso, a cualquier negocio de garaje como los que abundan libres de “suprema inspección y vigilancia”.
A los antioqueños totales nos inspiran un cariño y una gratitud filiales hacia la Universidad que nos formó en la profesión y en gran parte en la ciudadanía. Casi me crié en el Alma Mater, explorando de niño el edificio de San Ignacio. Subía a la torre y andaba por los cielorrasos del Paraninfo y las antiguas celdas de los franciscanos. Sentía la presencia del fundador en 1803, Fray Rafael de la Serna, que andaba en las noches por los corredores lindantes con la cripta de los jesuitas. Hoy, 11 de agosto, cuando presiento que la Universidad está amenazada en su integridad, en su fecundidad invicta, invoco a Fray Rafael: ¡Ora pro nobis!
