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Esa mañana del 2 de noviembre de 1995 –hace 25 años– sonó el teléfono de nuestra oficina en EL COLOMBIANO. Era la voz estremecida del entrañable amigo Ignacio Molina, quien a duras penas podía articular la voz para contar la noticia del asesinato de su jefe Álvaro Gómez. Años atrás, en 1988, nos había anunciado el secuestro de Gómez por parte del M–19.
Han pasado 25 años de este asesinato, que durante muchos años se pensó que era un crimen de Estado, y a duras penas se van conociendo fragmentariamente algunos de sus autores intelectuales y materiales. Pero la cadena de acontecimientos y de protagonistas del magnicidio aún no se esclarece. Hay sombras y sospechas que permanecen, con sus dudas y contradicciones propias de una justicia lenta, coja, muda y ciega, como es la colombiana.
Algunos excombatientes de las Farc se han autoincriminado del magnicidio. Sindican como aliados del delito a militantes muertos de ese grupo subversivo. Repiten el papel de aquel hombre que en el velorio se encuentra con su acreedor y al reclamarle este la deuda, señala con cínico gesto al muerto tendido en el ataúd, con quien le envió el dinero para cancelar la acreencia. Otros subversivos, desde el monte, arremeten contra Timochenko y para crear más confusión dicen que no fue el “Mono Jojoy”, el criminal ya muerto, quien dio la orden de matar a Gómez sino la cúpula de las Farc que consideraba ese asesinato “como un viejo ajuste de cuentas”. Usaban el argot mafioso para explicar lo inexplicable.
El de Gómez Hurtado ha sido uno de los varios magnicidios que en el país no se han aclarado suficientemente. La familia de Álvaro Gómez no cree en la autosindicación de las Farc como solitarios autores del crimen. Siguen flotando en el ambiente mitos, fábulas, consejas, sobre algo que ya debía estar resuelto. Quizás tantas estratagemas para desviar la investigación y lograr que algún día pudiera prescribir, no ocurrirá por haber sido declarado crimen de lesa humanidad. Pero seguirá en la impunidad que es el cajón preferido para guardar nuestra justicia sus incompetencias.
Hay unas palabras de Gómez que se han tomado como la sentencia anticipada a su condena de muerte. Tres días antes de los letales disparos escribió: “El ingreso de dineros ilícitos a la campaña (presidencial de Samper) ya comprobado es lo que ilegitima el régimen que padecemos. Por eso hemos sostenido que el único propósito válido es tumbarlo”. De ahí en adelante reventaron toda clase de especulaciones que iban desde acusar a Samper y a Serpa –recientemente Fallecido– pasando por la Brigada XX del Ejército, el paramilitarismo y hasta el cartel del Norte del Valle del Cauca, como autores del abominable crimen.
A Gómez no se le perdonó que denunciara la tolerancia y complicidad de “volver la política un negocio lucrativo y convertir al Estado en un botín de guerra”. Álvaro Gómez, al considerar, como años atrás lo hizo Alzate Avendaño de que los partidos colombianos son “meras agencias de ataque al presupuesto oficial”, cavó su propia tumba en un país que silencia con balas la verdad. La misma que 25 años después no ha podido esclarecer su muerte por las pantomimas de una justicia caricaturesca.
