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Además de los esfuerzos por limitar los derechos políticos de María Corina, ahora se suman las recientes órdenes de captura contra varios miembros de su grupo político por supuestos delitos de “traición a la patria”.
Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com
En 1982, la dictadura argentina, en el poder desde el golpe de estado de 1976, pasaba su peor momento. El margen de maniobra para la junta militar, ahora bajo el mando de Leopoldo Galtieri, se agotaba. El descontento popular hacia la dictadura crecía día a día, exacerbado por una crisis económica que azotaba al país.
Sin embargo, esto no se comparaba con el sufrimiento de los ciudadanos argentinos: el régimen militar había sumido al país en un oscuro periodo marcado por desapariciones forzadas, persecuciones políticas y censura. La creciente condena internacional por las flagrantes violaciones a los derechos humanos se sumaba a las presiones internas que enfrentaba la junta militar. Ya era imposible ignorar las denuncias sobre las cientos de personas sistemáticamente secuestradas, torturadas y arrojadas vivas desde aviones militares al Río de la Plata.
Aquella época de fervor popular que trajo la victoria del equipo argentino en la Copa Mundial de Fútbol de 1978 - donde la dictadura fue acusada de influir - parecía ya un evento distante en el pasado. La impopularidad de la junta militar se volvía insostenible.
Así, en un intento desesperado por desviar la atención respecto a los problemas internos del país y recobrar el apoyo popular, Galtieri decidió recurrir al viejo truco de avivar los sentimientos nacionalistas de los argentinos, tomando una decisión que marcaría la historia de su país: llevar a cabo la invasión de las Islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina pero bajo control británico.
La precipitada decisión de enfrentarse al Reino Unido resultó en una humillante derrota para Argentina, debilitando aún más la posición del régimen dictatorial y allanando el camino hacia el retorno a la democracia en el país en 1983.
El pasado domingo, según los reportes poco confiables del chavismo, más de 10 millones de venezolanos votaron a favor en un referendo sobre la anexión del Esequibo, una región con una disputa de vieja data con su vecino Guyana, donde se han descubierto recientemente vastas reservas de petróleo.
Maduro rápidamente proclamó un nuevo estado venezolano denominado “Guayana Esequiba”, incluyéndolo como parte integral de Venezuela en un mapa difundido en redes sociales. Asimismo, propuso que PDVSA comience a otorgar licencias para la explotación de petróleo en la región, al tiempo que no baja al presidente de Guyana de ser un “pelele a sueldo de la Exxon”. El tono beligerante es innegable.
En paralelo, aprovechando el respiro que le ha dado el levantamiento parcial de las sanciones por parte de Estados Unidos, el régimen venezolano continúa su persecución contra María Corina Machado, quien tras obtener una victoria contundente en las primarias del pasado octubre se ha convertido en la amenaza electoral más grande que ha tenido la dictadura en muchos años. Además de los esfuerzos por limitar los derechos políticos de María Corina, ahora se suman las recientes órdenes de captura contra varios miembros de su grupo político por supuestos delitos de “traición a la patria”. Una estrategia que parece lógica dadas las condiciones contra las que está jugando el régimen: según múltiples sondeos, en caso de haber elecciones libres en Venezuela, María Corina Machado sería la favorita a salir vencedora.
¿Habrá encontrado Maduro en Guyana a sus propias Malvinas?