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En los albores de la Independencia, con excepción de un pequeño número de criollos y españoles, todos los habitantes de lo que después sería la República de Colombia –blancos, negros, indios, mestizos, mulatos, zambos y cuarterones–, eran pobres, ignorantes y andrajosos. Doscientos años después, la mayoría de sus descendientes son menos pobres, menos ignorantes y visten con algún decoro. Atrapados en formas atrasadas de propiedad y producción, los indígenas parecen ser la excepción.
La productividad de los indígenas colombianos es más baja que la del resto de habitantes. Aquellos departamentos –La Guajira, Cauca y Nariño–, donde representan más elevada participación en la población total, tienen más bajos niveles de PIB per cápita y los mayores porcentajes de población con necesidades básicas insatisfechas. La población indígena está dedicada a formas de producción atrasadas –agricultura subsistencia, caza, pesca, artesanía rudimentaria, etc.– con bajos niveles de capital por unidad de trabajo. Algunos antropólogos explican la persistencia del atraso productivo invocando la existencia de una cierta disposición cultural. Otros ven en ello la continuación de un legado centenario de explotación y espolio. Es posible también que los indígenas colombianos mantengan formas de producción de bajos niveles de productividad porque no se les ha dado la oportunidad de abandonarlas.
La búsqueda individual de una mayor productividad depende de dos factores: el deseo de poseer bienes materiales y la actitud ante el esfuerzo requerido para adquirirlos. Existen, en todas las épocas y culturas, individuos con inclinaciones ascéticas, que encuentran meritorio consumir menos que más. Existen también individuos que, deseando poseer más variedad de bienes y en mayor cantidad, no se siente inclinados a acometer el esfuerzo requerido para obtenerlos. Pero estas dos clases de individuos –los ascetas y los haraganes– no suelen ser los más numerosos y parece que se distribuyen en proporciones similares en todos los pueblos y razas. La mayoría de los individuos usualmente prefieren más bienes materiales que menos y, si no tienen alternativa, están dispuestos a realizar el esfuerzo productivo requerido para procurárselos. No hay ninguna razón para suponer que indígenas colombianos sean en eso diferentes de los demás miembros de la especie humana.
La mayoría de los indígenas vive en resguardos, es decir, en territorios de “propiedad colectiva y no enajenable” según proclama el artículo 329 de la Constitución. En otras palabras, los indígenas no tienen derecho a la propiedad individual de la tierra y, por supuesto, tampoco pueden venderla, arrendarla, hipotecarla o darla de cualquier forma en garantía.
La ley del 11 de octubre de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta, declaró a los indios libres de tributo y decretó el reparto individual de la tierra de los resguardos. En Cundinamarca y Boyacá la disolución fue total. Los descendientes de los indígenas habitantes de estos departamentos viven en Bogotá, Tunja y demás pueblos de la región. Su nivel de vida es ostensiblemente mayor que el de los descendientes de los indígenas del Cauca, La Guajira y Nariño que conservaron sus resguardos y están sumidos en el más espantoso atraso.
