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La esencia del buen lenguaje consiste en la apropiada correspondencia entre lo que se dice y lo que se quiere decir. En un lenguaje perfecto, en un mundo correcto, lo que expresan los símbolos de la comunicación, debe coincidir plenamente con lo que se quiere manifestar. Sin embargo, por circunstancias emocionales y políticas y la falta de claridad en la intencionalidad, debido a los bajos niveles de respeto por los valores de distinta índole, especialmente los de naturaleza ética, parece que en la posverdad se busca distanciar lo que se expresa a través de los símbolos del idioma, frente a lo que se quiere manifestar, de acuerdo con el universo oculto de la intencionalidad escondida. En otras palabras, cada día se marca con mayor énfasis, el distanciamiento entre lo que se dice y lo que se quiere decir. En este orden de ideas, especialmente en tratándose de mensajes de contenido político, en muchas ocasiones su expresión literal puede o suele ser diferente a lo que dibujan sus símbolos, es decir, sus palabras.
Nace entonces el metalenguaje, que se caracteriza por la discordancia entre lo que literalmente se expresa mediante las palabras y el mensaje que realmente se quiere enviar. Esta discordancia se ha ido transformando en una especie de metodología constante para la expresión de sectores alternativos y contestatarios, que encuentran en el metalenguaje, un modelo para expresar ideas con un sentido oculto o no claro, mientras sus interlocutores del sistema responden pensando en el sentido formal, correcto e institucional de lo expresado.
El presidente Petro, utilizando el esquema del metalenguaje, propone la convocatoria de una constituyente. Como reacción inmediata, la mayor parte de todos los sectores formales del país, expresaron su oposición a la idea y sus reparos con respecto a la viabilidad de la propuesta. Se recuerda con insistencia que la Constitución exige un procedimiento complejo difícil de desarrollar, así: El Gobierno debe presentar un proyecto de ley para convocar la Constituyente. El texto se debe discutir y aprobar en cuatro debates en el Congreso. La ley aprobada debe ser objeto de revisión por la Corte Constitucional, tanto del procedimiento, como del contenido. Con el visto bueno de la Corte, el presidente debe someterla a consideración de la ciudadanía en referendo. Es decir, a simple vista pareciera que el Gobierno no la tiene fácil.
Contrario a ello, cuando el presidente habla de constituyente, lo hace en un sentido diferente al institucionalizado por la Constitución. Sin ir abiertamente en contra de la Constitución, el Gobierno quiere una constituyente estructurada a partir de movimientos populares, tomando como punto de referencia, la instalación de organizaciones de base municipales, convocar al pueblo para que ejerza su poder constituyente primario, a través de los cabildos abiertos y otros mecanismos de participación ciudadana, por ejemplo, la minga y las juntas de acción comunal.
Según el presidente, su proceso constituyente puede retomar la Constitución o agregar temas que en su momento el constituyente no observó.
