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El debate reciente sobre las utilidades de clínicas y hospitales ha reabierto una discusión incómoda, pero necesaria sobre el funcionamiento del sistema de salud colombiano. En un contexto marcado por el desfinanciamiento, el aumento de quejas de los usuarios, la escasez de medicamentos y el deterioro en la oportunidad de la atención, resulta inevitable cuestionar cómo es posible que, mientras múltiples actores enfrentan dificultades severas, muchos prestadores registren resultados financieros significativamente positivos.
Es importante partir de la premisa de que la generación de utilidades en el sector salud no es, en sí misma, ilegítima. Las instituciones prestadoras, en particular aquellas de naturaleza privada o mixta y aún las públicas, requieren sostenibilidad financiera para invertir, innovar y garantizar calidad en la atención. Desconocer este principio implicaría desincentivar la inversión y debilitar la capacidad instalada del sistema. La crítica que asocia de manera automática el lucro con una práctica ilegítima responde más a una visión ideológica que a un análisis técnico.
Ello no elimina la paradoja que se evidencia. En medio de una crisis sin precedentes, donde el Estado enfrenta restricciones fiscales, las aseguradoras reportan pérdidas crecientes y los pacientes experimentan barreras más duras, resulta llamativo que ciertos prestadores presenten utilidades robustas. Esta situación no puede ser desestimada ni reducida a simple narrativa política. Por el contrario, pone de manifiesto un desbalance estructural en distribución de riesgos y beneficios dentro del sistema.
De hecho, el contraste entre pérdidas de los aseguradores y utilidades de algunos prestadores sugiere la existencia de incentivos desalineados. Mientras las EPS asumen crecientes costos sin financiación suficiente, parte de estos recursos parecen trasladarse a prestadores en forma de ingresos que, en algunos casos, se traducen en utilidades significativas. Este fenómeno no implica una mala práctica generalizada, pero sí evidencia un sistema que no está distribuyendo de manera equilibrada las cargas y los beneficios entre sus actores.
En este contexto, la afirmación presidencial, aunque claramente sesgada y marcada por una postura crítica frente al sector privado, logra visibilizar una tensión real. También debilita el argumento recurrente de algunos prestadores que advierten estar al borde del colapso financiero. Las utilidades observadas en ciertos segmentos del sector sugieren que la situación es más heterogénea y que no todos los actores enfrentan la crisis en las mismas condiciones.
El reto, entonces, no es eliminar las utilidades ni estigmatizar la rentabilidad, sino corregir los desequilibrios que hoy caracterizan al sistema. Esto implica revisar los mecanismos de pago, alinear incentivos hacia resultados en salud, fortalecer la regulación y garantizar transparencia en la información financiera. Solo así será posible construir un sistema donde la sostenibilidad de los prestadores no contraste con la fragilidad de los demás actores.
En términos simples, la salud no puede seguir operando bajo una lógica en la que unos pierden mientras otros ganan de manera desproporcionada. Parafraseando con ironía una conocida canción, en el sistema actual los hospitales “facturan, no lloran”. El desafío es lograr que todos los actores, especialmente los pacientes, puedan dejar de hacerlo.
