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El programa de gobierno de Iván Cepeda en salud no introduce una propuesta nueva. Prolonga la política sanitaria del gobierno Petro. El documento programático insiste en profundizar la reforma con el objetivo de superar el modelo de la Ley 100 de 1993, al que se acusa de haber convertido la salud en negocio.
Este planteamiento descansa sobre dos pilares. El primero, la idea de que el sistema debe evolucionar hacia una presencia y control estatal mayores, eliminando o reduciendo la intermediación financiera que hoy cumplen las entidades aseguradoras. El segundo consiste en revertir el marco institucional de cooperación público privada creado por la Ley 100 de 1993, presentada como origen de la supuesta “mercantilización” de la salud.
Ambos postulados se apoyan en una premisa doctrinaria de que el Estado posee una superioridad moral frente al sector privado en la organización de los servicios sanitarios. Bajo esta lógica, el lucro en el sector sería cuestionable, cuando no abiertamente inmoral. Esta postura desconoce un hecho empírico ampliamente documentado en la experiencia internacional. Prácticamente todos los sistemas de salud del mundo, incluidos los mejor evaluados, funcionan sobre esquemas mixtos en los que conviven instituciones públicas y privadas tanto en aseguramiento y prestación de servicios.
Alemania, Países Bajos, Francia o Suiza, mantienen estructuras en las que aseguradores privados desempeñan un papel central en gestión del riesgo. Incluso sistemas asociados con fuerte presencia estatal, como Reino Unido o países nórdicos, recurren de manera creciente a entidades privadas para ampliar la capacidad de atención. La coexistencia entre Estado y mercado, lejos de ser anomalía, constituye la regla en la organización contemporánea de los sistemas sanitarios.
El problema más notable del programa no reside únicamente en su orientación ideológica. Su debilidad es que evita abordar el verdadero desafío estructural que enfrentan hoy los sistemas de salud del mundo por crecimiento sostenido de la demanda por servicios a un ritmo superior al de la capacidad de financiación de los Estados.
Este fenómeno responde en primer lugar, al envejecimiento de la población que incrementa la prevalencia de enfermedades crónicas y, con ello, la utilización de servicios. Segundo, el desarrollo de la tecnología biomédica que introduce tratamientos más sofisticados y costosos. Tercero, la consolidación de la salud como derecho humano, que amplía el acceso y genera expectativas legítimas de atención. Finalmente, la expansión del aseguramiento que reduce barreras financieras aumentando la utilización de servicios. Nada de esto aparece en el diagnóstico del programa. Tampoco se presentan propuestas concretas para enfrentar los dilemas de sostenibilidad fiscal que inevitablemente derivan de estas tendencias. Por el contrario, propone la estatización que está demostrado es más vulnerable al desfinanciamiento.
El documento recurre a formulaciones generales que se repiten con frecuencia en los debates como ampliar la cobertura, mejorar el acceso y fortalecer la prevención. Todos estos objetivos son deseables, pero ninguno constituye por sí mismo una estrategia de política pública si no se explicita cómo se financiarán y organizará institucionalmente su implementación.
La propuesta parece más orientada a redefinir el papel del Estado dentro del sistema que a resolver problemas estructurales que enfrenta la salud en Colombia. Sin un diagnóstico claro sobre determinantes del gasto y como controlarlos para lograr la sostenibilidad financiera del sistema, esta reforma es más un ejercicio de sustitución institucional antes que una verdadera solución a los desafíos sanitarios del país.
