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Las decisiones de las EPS Sura y Compensar de retirarse del sistema de salud, junto con la intervención de Sanitas, Famisanar y Savia Salud, entre otras, dejan la salud de los colombianos prácticamente bajo el control del gobierno, que parecería no ha dimensionado la gravedad de lo que esto significa para los pacientes, más allá de girar mensualmente unos recursos que cada vez serán más insuficientes.
Las consecuencias de estas medidas ya comenzaron a sentirse, en especial en zonas como Antioquia y Bogotá, que es donde estas entidades afiliaban más del 70% de la población, sobre todo aquella más pobre y vulnerable. Estos usuarios ya padecen limitaciones para acceder a servicios y medicamentos, sumado al deterioro en sus condiciones de calidad, oportunidad, integralidad y continuidad, ante la incertidumbre sobre quien se hará responsable por los servicios.
No se trata de allegar mayores recursos para pagarle a los prestadores, es de tener capacidad de gestión para organizar y controlar la atención, labor que ninguna de las EPS que continúan en ambas regiones, está en condiciones de asumir si se le trasladan los usuarios de las EPS que salen. Esto no se hace de un día para otro, además de que les implicaría cuadruplicar su capacidad de manejo, que requeriría cuantiosas inversiones y un plazo no inferior a un año para ponerlas en marcha.
Frente a esta realidad, bajo las actuales condiciones de hostilidad en la intervención del gobierno con las EPS, habría que preguntarse si sus dueños, estarían dispuestos a asumir las inversiones que se requieren, respuesta que es casi obvia: no van a hacerlo. Una salida viable, sobre todo pensando en garantizar la continuidad del servicio mientras se puede llegar a un acuerdo, que necesariamente debe ser el resultado del diálogo, es decretar una especie de tregua que anteponga el servicio a los pacientes por sobre las diferencias ideológicas, técnicas o económicas.
Se requiere en el corto plazo, por ejemplo, bajo la figura de una emergencia social, que el gobierno decrete un aumento transitorio de la UPC bajo una estricta auditoría, mientras se realiza una evaluación a fondo de su suficiencia, seguido de la devolución de las EPS intervenidas a sus dueños, bajo el compromiso de adelantar las acciones necesarias para aumentar su capacidad de gestión, que les permitan asumir los usuarios trasladados de aquellas que se retiren, si es que persisten en esa idea.
Esto se propone ante la evidencia de que ninguna de las EPS que decidan quedarse, y menos las entidades estatales como la ADRES o las secretarias de salud, están en capacidad de asumir la coordinación de la atención de este enorme volumen de afiliados. Es necesario, así sea al menos temporalmente, restablecer en parte la maltrecha confianza entre los actores del sistema, que evite las graves consecuencias, que ya comienzan a verse, en términos de la integridad y la vida de muchos pacientes, que se están viendo afectados por la radicalidad en estas decisiones.
