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Una cosa es respetar el marco legal, indispensable para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar los abusos del poder, y otra muy distinta convertirlo en justificación para incumplir las responsabilidades administrativas. Ni la Constitución, ni las leyes, ni las sentencias de las Cortes eximen a las autoridades municipales de su deber de cuidar el espacio público, mejorar la movilidad, preservar la seguridad, atender los problemas de habitabilidad en calle, combatir la extorsión o impedir la ocupación ilegal del territorio.
Las referencias a intervenciones anteriores y a los numerosos operativos realizados pierden buena parte de su valor cuando los problemas que pretendían resolver continúan sin cambios apreciables. Lo que importa no es cuántas veces se interviene, sino qué resultados se obtienen.
Pensemos, por ejemplo, en las Secretarías de Movilidad y Seguridad. Informar que se han realizado decenas de intervenciones en Ayacucho o Aranjuez no es suficiente si el tránsito ilegal de vehículos persiste y los piques continúan perturbando la tranquilidad de los vecinos. La permanencia de los problemas debería llevar a revisar los métodos utilizados y buscar soluciones más eficaces.
Algo semejante ocurre cuando se señala que la Secretaría de Control y Gestión Territorial no dispone de la logística necesaria para prevenir las invasiones. Puede tratarse de una dificultad real, pero precisamente corresponde a la administración identificarla, establecer prioridades y asignar los recursos necesarios para cumplir sus obligaciones. La ciudadanía espera que las dificultades administrativas se traduzcan en planes de solución y no en explicaciones sobre por qué las cosas no pueden hacerse.
La llamada ley de Goodhart ofrece una explicación interesante de este fenómeno. Según este principio, cuando una medida estadística se convierte en el objetivo de una organización, termina perdiendo buena parte de su utilidad como indicador del desempeño. Si una Secretaría es evaluada por el número de intervenciones, reuniones o jornadas de sensibilización que realiza, sus funcionarios tendrán incentivos para aumentar esas actividades, aunque ello no se traduzca en una reducción efectiva de los problemas.
El resultado es contraproducente. Por una parte, se debilitan los incentivos para corregir los métodos de trabajo, pues el cumplimiento de las metas administrativas puede dar una falsa sensación de éxito. Por otra, se destinan recursos públicos a actividades cuyo valor termina midiéndose por su cantidad y no por su contribución a resolver las necesidades de la comunidad.
Una buena administración debe evaluar su gestión por los resultados. No basta con contar operativos, reuniones, campañas o procedimientos. Hay que establecer si mejoró la movilidad, si se recuperó el espacio público, si disminuyeron las ocupaciones ilegales y si los ciudadanos viven más tranquilos y seguros.
El ciudadano no espera de la administración explicaciones cada vez más elaboradas, sino resultados que pueda apreciar en su vida cotidiana. Al fin y al cabo, si los impuestos se justifican por los bienes y servicios que recibe la sociedad, la calidad de la gestión pública debe juzgarse por su capacidad de producirlos con oportunidad y eficiencia.
