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La semana pasada, un trino del candidato al senado por el Pacto Histórico, “Matador”, contra Paloma Valencia volvió a poner sobre la mesa el costo diferencial que pagan las mujeres cuando participan en el debate público. No fue una crítica a sus ideas, ni un contraste de argumentos. Fue un ataque que apeló al desprestigio personal y a estereotipos que rara vez se activan cuando el blanco es un hombre.
El episodio no es aislado. Según un estudio reciente de ONU Mujeres, construido a partir de más de 3.000 candidatas que participaron en las elecciones territoriales de 2023, el 78,8 % de las mujeres candidatas sufrió algún tipo de violencia política durante la campaña, el día de la elección o el escrutinio. No es una excepción. Es la regla.
La forma más extendida de esa violencia no es física. Es simbólica, psicológica, cotidiana. El 72,4 % recibió comentarios despectivos sobre su capacidad para ejercer liderazgo por el solo hecho de ser mujer. A eso se suma la violencia económica —robo, destrucción o sabotaje de material de campaña— que afectó al 40,6 %, y la violencia sexual, que una de cada cuatro candidatas experimentó a través de insinuaciones, comentarios o exigencias de favores a cambio de apoyo político. En América Latina, los ataques suelen concentrarse en la apariencia, la vida privada, el carácter o la supuesta incapacidad emocional de las mujeres, más que en sus posturas políticas. No se debate lo que dicen; se cuestiona quiénes son.
La Misión de Observación Electoral ha documentado que las mujeres candidatas y lideresas reciben más ataques personales y menos discusión programática que sus pares hombres. Y eso tiene efectos concretos: menos mujeres dispuestas a exponerse, más autocensura y más desgaste emocional para quienes persisten.
Ese desgaste también se refleja fuera de la política. La Organización Mundial de la Salud señala que las mujeres presentan casi el doble de prevalencia de ansiedad y depresión frente a los hombres. Son mayoría entre quienes padecen trastornos de la conducta alimentaria y asumen cerca del 75 % del trabajo de cuidado no remunerado, incluso cuando trabajan a tiempo completo. El peso es acumulativo: emocional, mental, físico y social.
Por eso es un error leer episodios como el trino de Matador como simples “excesos del debate”. Normalizarlos implica aceptar que la política sigue siendo un espacio que tolera —y muchas veces normaliza— la agresión contra las mujeres.
Y ahí está la pregunta de fondo: ¿qué tan democrática puede ser una democracia en la que participar le cuesta más a la mitad de la población?
La violencia política de género no busca solo silenciar a una mujer específica. Busca disciplinar a todas. Advertirles que el precio de la visibilidad puede ser el escarnio público. Y cuando eso ocurre, no perdemos solo voces femeninas: perdemos calidad deliberativa, diversidad de miradas y legitimidad institucional.
Mientras el costo de hacer política recaiga de forma desproporcionada sobre las mujeres, la democracia colombiana seguirá siendo formalmente incluyente, pero materialmente injusta.
Colombia ha avanzado en el plano normativo. La ley de paridad y la reciente ley contra la violencia política de género son pasos importantes. Pero el informe es contundente: la cultura política va muy por detrás de la norma. Mientras eso no cambie, el peso de ser mujer seguirá siendo, también, un déficit democrático.
