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En 1789, durante la Revolución francesa, los diputados reunidos en la Asamblea Nacional creyeron estar resolviendo un problema técnico: quién mandaba. En realidad, estaban abriendo una pregunta filosófica que todavía nos persigue: ¿quién debe ejercer el poder político?
En esa misma sala ocurrió un detalle casi banal que terminó bautizando la política moderna. A la derecha del presidente se sentaron quienes defendían preservar la monarquía; a la izquierda, quienes exigían cambios profundos. Así nacieron “derecha” e “izquierda”, dos etiquetas que todavía usamos de manera simplista para narrar el mundo como si fuera binario.
La Ilustración de la mano de Montesquieu, había sembrado una idea simple: ningún poder debe gobernar sin límites. Hace parte del credo de las democracias liberales. De ahí surgió la separación de poderes y, con ella, el Legislativo como institución clave: el lugar donde la nación delibera controla y convierte el desacuerdo en ley. El Congreso no es el notario de turno; es quien nos representa para obligar al gobierno de turno a convivir con límites.
Más de dos siglos después, vale la pena preguntarse: ¿Montesquieu sigue vigente?
Los datos de participación electoral ofrecen una pista preocupante. En las elecciones legislativas recientes, Francia – la de la revolución- registró niveles de participación cercanos al 46%, mientras que Colombia se mueve alrededor del 48% en elecciones al Congreso. Dos países muy distintos, pero con una coincidencia triste: más de la mitad de los ciudadanos no vota cuando se elige el poder legislativo.
Esto debería incomodarnos tanto a quienes idealizamos la democracia como a quienes explican el abstencionismo colombiano únicamente por falta de cultura política.
Algunos responden con una solución aparentemente simple: el voto obligatorio por decreto. América Latina es la región con más países con voto obligatorio. Sobran explicaciones, entonces, para demostrar que el problema es más profundo.
La democracia no se mide únicamente por cuántas personas depositan un voto, sino por si ese voto puede ejercerse libremente y sirve para algo.
Por eso, la pregunta crucial para cualquier democracia no es cuántos votan, sino si cada ciudadano puede votar sin miedo, sin presión y sin ser constreñido. Y luego, los efectos de ese voto.
Ahí aparece un dato frecuente y normalizado para Colombia. En estas elecciones, según la Misión de Observación Electoral, alrededor de 185 municipios del país presentan algún nivel de riesgo para el ejercicio libre del voto.
Una participación imperfecta puede sostener una democracia. Pero cuando el voto deja de ser libre, la democracia empieza a parecerse peligrosamente a aquello contra lo que nació hace más de dos siglos.
El presidente Petro ha dejado un manto de dudas —sin pruebas— sobre la confiabilidad del sistema electoral.
En lo que debería estar concentrado el gobierno es en garantizar que en esos 185 municipios se pueda ejercer el voto libre.
Más de dos siglos después de la revolución francesa, también debemos preguntarnos: ¿qué tan real es la representación política?
En esos 185 municipios sin duda no. Hemos normalizado esto como parte del sistema “democrático” del país. Y no propiamente por culpa de la registraduría, sino de los gobiernos de turno.
