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Cualquier ciudadano puede estar a favor o en contra de la creación del Área Metropolitana del Oriente. Esa discusión es completamente legítima. Lo que no es legítimo, lo que no cabe en una democracia que se respete, es que el Gobierno nacional impida que los ciudadanos expresen su opinión a través del voto.
Es exactamente lo que pasa. Para realizar la consulta popular en el Oriente antioqueño, el Estado debía girar $6.000 millones. No lo hizo. No lo ha hecho. Lo más grave: pese a que un juez de la República ordenó al Ministerio de Hacienda girar esos recursos, el Gobierno no ha cumplido. Cuando un Gobierno ignora una orden judicial, no está “demorándose”: está debilitando el Estado de Derecho. Eso, en cualquier país serio, es una alarma institucional.
El Gobernador de Antioquia lo dijo con claridad: hubo un “claro desacato” a la orden del juez y una vulneración directa del derecho al voto, que es —como él mismo expresó— un derecho sagrado en democracia. “El alma de la democracia es poder decidir”. Y tiene razón. Que a una región se le impida pronunciarse sobre si quiere o no crear un Área Metropolitana no es un tema técnico: es, ante todo, un asunto democrático. Aquí lo que está en juego no es la figura institucional, sino el derecho ciudadano a elegir.
La contradicción resulta aún más preocupante cuando, tratándose de consultas impulsadas por el propio Gobierno, los recursos aparecen. Pero cuando se trata de una consulta territorial, ordenada por la ley y avalada por los jueces, mágicamente no hay plata. No puede haber doble rasero con la democracia. No puede haber consultas de primera y de segunda.
Y todo esto ocurre en un país que, en seis meses, tendrá elecciones nacionales. El precedente es pésimo: si hoy el Gobierno decide no financiar un proceso electoral aun existiendo orden judicial, ¿qué impide que mañana lo haga en una elección que le incomoda políticamente? La democracia muere de a poquitos, no de un solo golpe: empieza por desobedecer fallos, sigue por no poner recursos y termina por normalizar que el derecho al voto es opcional.
A uno le puede gustar o no el Área Metropolitana. Esa no es la discusión. Lo que nadie puede permitir es que le quiten el derecho a decidir. Si dejamos pasar este episodio como si no importara, abrimos la puerta a que cualquier gobierno —este u otro— escoja qué elecciones se hacen y cuáles no.
La democracia colombiana ha resistido muchas cosas. Pero lo que no puede resistir, lo que no puede normalizar, es que se juegue con el voto como si fuera un trámite menor. Este no es un hecho cualquiera. Es como mínimo, ad portas de unas elecciones nacionales, un precedente maluco.
