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Ese comportamiento desafiante de Petro es en buena parte consecuencia del régimen presidencialista que por 200 años de República rige en Colombia. En esa figura de César criollo concentra la condición de Jefe de Estado con su protagonismo como jefe de partido. Eso produce –y en Petro mucho más– contradicciones entre representar a todo un país y servir políticamente a sus copartidarios. En vez de cumplir con los compromisos de velar por la unidad nacional como Jefe de Estado, divide y gobierna como director de facciones electorales. Una dicotomía que desvertebra el concepto de Nación.
Alguna vez el presidente López Michelsen propuso que Colombia debía pensar en adoptar el régimen parlamentario como existe en Europa. El gran argumento para dinamitarle la idea, era que Colombia no tenía cultura política para montar ese modelo de gobierno. Que éramos, según el maestro Darío Echandía, un país de cafres. Años después Echandía, quizá mirando lo que comenzaba a crecer en materia de corrupción en el ejercicio de la política, pidió perdón a los cafres por haberlos calumniado...
Sin llegar al régimen parlamentario, hay que plantear una reforma sobre un moderno modelo descentralista, de autonomía regional como lo previó la Constitución del 91 y que están pendientes de desarrollo normativo. Colombia lleva 200 años de centralismo, desde que se creó por parte de los ganadores de la guerra en tiempos de la llamada Patria Boba. Ha sido un sistema fuente de desequilibrios regionales y de inequidades tributarias por las mezquindades redistributivas del Estado central que asfixian el desarrollo de regiones que tienen ventajas económicas competitivas y comparativas para modelar su progreso.
En este centralismo se protocoliza la actitud pedigüeña de los departamentos ante el gobierno central, con los desfiles interminables de gobernadores y alcaldes con la mano extendida en posición pordiosera ante los organismos nacionales, para suplicarles el recurso necesario que impida la paralización de las administraciones regionales. Una actitud indigna, de limosneros, llena de tramitomanía, semilla que llegó en las carabelas de los conquistadores, con papel sellado, estampillas y procedimentalismo burocrático para hacer más dispendiosa la operatividad administrativa. Herencia/lastre refinada cuando aparecieron en la actividad del centralismo estatal los intermediarios, tramitadores, lobistas. Muchos de ellos se enriquecieron a través de manipulaciones y comisiones que recibían y exigían, combustible para acelerar la corruptela en el andamiaje centralista.
El país pide la adopción de regiones autonómicas, que no constituyan ningún modelo anárquico federalista de Estados independientes ni que rompan la unidad nacional a través de sus propios ejércitos y leyes, como sucedió con la Constitución de 1863. En aquellas no se pierde la estructura de Estado unitario. Son sustitutos del Estado centralista agudizado en el decimonónico en tiempos de Rafael Núñez. Esa organización que rige en Colombia de un Estado que tiene ahogadas fiscal y financieramente a las regiones, maniatadas a sus arcaicas disposiciones.
El país confía en que con los nuevos gobernadores y alcaldes se abra la posibilidad de constituir un frente común que luche para que el mandato consagrado en la Carta de 1991 sobre regionalización se convierta en realidad. .
