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Mucho se ha escrito sobre los resultados de las pruebas Pisa 2025. Para Colombia, como afirma el profesor Felipe Barrera (Universidad de Vanderbilt), constituyen “una tragedia económica y social”: siete de cada diez estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas y más de la mitad no lo logra en lectura. Según la OCDE y el Banco Mundial, los estudiantes latinoamericanos evaluados están entre cuatro y cinco años de aprendizaje por debajo de los de la OCDE. Y lo más grave: Pisa no mide memoria, sino capacidad de análisis y de resolver problemas.
La pregunta de fondo, entonces, es qué hacer y cómo.
Lo primero es recordar la conclusión de un estudio de Green (1997) que comparó siete países desarrollados con altos niveles de aprendizaje: sus diferencias dependían de cuánto valora la sociedad la educación. En Colombia, la educación dejó de ser prioridad de la política pública y de la movilización ciudadana.
Durante varios años, el programa Todos a Aprender fortaleció los aprendizajes y las prácticas pedagógicas, pero perdió ese foco cuando el gobierno anterior lo extendió al arte, la cultura y el deporte. Hay que devolverle su esencia: transformar la calidad.
Somos, además, un país de regiones diversas geográfica, cultural y étnicamente, y aún no tenemos una política educativa pertinente para esa diversidad, incluida la ruralidad. Urgen políticas y programas diferenciados por región y población.
Los diagnósticos internacionales alertan sobre dos factores. El uso temprano de pantallas y redes sociales lleva a los jóvenes a preferir videos de menos de un minuto a la lectura, y reduce su capacidad de atención; su prohibición en la escuela es un debate abierto. Y la inteligencia artificial simplifica tareas propias del aprendizaje sin garantizar que este ocurra. La IA debería usarse, más bien, para mejorar contenidos y formar docentes capaces de captar la atención de sus estudiantes en el aula y de no dejar a nadie atrás. Como plantea el filósofo Michel Serres en “Pulgarcita”, necesitamos una nueva pedagogía.
Los directivos de Fecode, los maestros y las maestras deben convencerse de que es posible y necesario hacer compatibles las aspiraciones sindicales con el propósito superior de la calidad. Y el Estado debe garantizar una infraestructura escolar digna: hay colegios y escuelas en estado lamentable.
Hay que superar también la visión que concibe la educación solo como preparación para el mercado laboral y la productividad. La educación debe formar ciudadanos capaces de ejercer sus derechos y deberes en democracia; seres humanos empáticos, solidarios y críticos. Y debe ser motor de una verdadera movilidad social.
Todo esto exige un amplio debate, como propuso hace poco Armando Montenegro, exdirector del DNP, y sobre todo un gran acuerdo nacional con diversos sectores. Ese acuerdo debe quedar consignado en el Plan Nacional de Desarrollo que prepara el nuevo gobierno y en el nuevo Plan Decenal de Educación, con reformas audaces desde la primera infancia hasta la educación superior, la formación para el trabajo y el Sena. Dos metas deben guiarlo: mejorar sustancialmente la calidad y que nadie quede atrás en su trayectoria educativa. Nuestro país no puede esperar otro ciclo de Pisa para reaccionar.
