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Las universidades en el país están atravesando tiempos difíciles. Parece ser que los jóvenes prefieren ahora las nuevas universidades virtuales y la diversidad de certificaciones antes que engancharse en carreras de años, lo que hace menos atractiva la educación superior. También son ciertos los menores retornos económicos a los egresados, en parte debido al mayor acceso de las últimas décadas que ha hecho menos escasos a los profesionales. Esto conduce a la pérdida de valoración social de la educación superior en medio de la transición demográfica y la desenfrenada velocidad de cambio del conocimiento.
El tema no es nuevo ni en el país ni en el mundo y se debate en múltiples agendas y foros. Cómo enfrentar la crisis es sin duda complejo. Algunas universidades han optado por nuevos mecanismos de becas y financiación, otras han adoptado estrategias empresariales quizás olvidando que no son propiamente compañías del sector productivo o transforman sus funciones sustanciales con mayor énfasis a la consultoría. Esto ocurre en medio de un marchitamiento de la matrícula, particularmente para las universidades privadas (la de 2022 es casi similar a la de 2015). Algunos expertos internacionales señalan que para enfrentar esta crisis se requiere un enfoque de educación para toda la vida, innovaciones educativas permanentes combinadas con modelos flexibles de entrada y culminación. Por último, un sistema fuerte de conexión con el entorno (público, privado, organizaciones comunitarias y no gubernamentales) a través de acompañamiento, nuevas formas de prácticas y servicio social. Además, es necesario que el Ministerio de Educación (MEN) ajuste el modelo de calidad a las nuevas exigencias.
Esta crisis coincide con un gobierno que no cree en la universidad privada. Por tanto, la ley estatutaria de educación que hace curso en el Congreso y la reforma a la ley 30 de 1992 borran de un brochazo a las universidades privadas del país, las cuales responden por el 46.0% de la matrícula total. La universidad privada no es tenida en cuenta ni para la meta de nuevos cupos, ni tampoco para que estudiantes que optan por matricularse en éstas, dadas las restricciones de cupos en las universidades públicas, puedan acceder a opciones de financiación con el apoyo del Estado cuando su condición socio económica lo amerita.
A lo anterior se suma que la autonomía e institucionalidad universitaria han sido pisoteadas, por parte del presidente, en la Universidad Nacional para imponer un rector afín a su ideología y proclive a una constituyente. La autonomía universitaria fue establecida en la Constitución del 91 y es inherente a la razón de ser de las universidades. Esa imposición de rector por razones políticas es un pésimo antecedente que afecta la credibilidad del MEN como regulador. Esto tendrá perversas consecuencias pues justifica que por esa vía se den acuerdos políticos a cambio de cargos, votos, financiación y hasta títulos. Las universidades deben seguir siendo fuente de conocimiento, de ciencia, tecnología e innovación, de pensamiento crítico, de humanismo, ética y bellas artes, pero no ser directorios políticos. Es menester una cruzada para salvar y reformar las universidades.
