Pico y Placa Medellín
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Los privilegios, exclusiones, categorías y estratos hacen parte intrínseca de la vida en Colombia desde tiempos coloniales. El sistema carcelario es uno de sus ejemplos más visibles. Y todo gracias a un odioso y exclusivo esquema legal diseñado desde los más altos poderes – Congreso, Altas Cortes y Presidencia – para beneficio directo de sus mismos miembros.
Tal esquema se materializa cuando uno de esos privilegiados del poder cae en desgracia y debe someterse a una pena de prisión o a una medida de aseguramiento. Ahí entra el “sistema” para impedir que el susodicho deba cumplir su condena como cualquiera mortal. La norma está en el artículo 29 del Código Penitenciario y Carcelario para que se le ampare en “reclusión de caso especial”.
El texto es absurdamente sincero: dice que la autoridad judicial o el director del INPEC “podrá disponer la reclusión en lugares especiales... en atención a la personalidad del individuo”, entre otras. Y sin que nadie sepa cómo ni por qué, resultó que las escuelas de la Policía y el Ejército se convirtieron en cárceles “especiales”, dotadas de buenas habitaciones, salas de recibo, amplios campos verdes, zonas de juegos, con restaurante y cafetería. E incluso áreas reservadas para las consabidas visitas conyugales.
De acuerdo con un dato oficial, hasta hace pocos días había 25 de estos seres “especiales” en estas singulares “cárceles”, sin contar a otros más de 30 en el “Pabellón ERE Sur” de La Picota de Bogotá. Estos últimos, si bien no gozan de los enormes privilegios de los “especiales”, tienen computadoras, conexión a internet, televisión e incluso servicios privados de peluquería y – si logran el estímulo adecuado para alguna guardia corrupta – organizar fiestas con música, licor y acompañantes ocasiones. A diferencia de otras áreas de La Picota, no tienen restricciones para ingresar alimentos y la mayoría cuenta con acceso a planes complementarios de salud, elemento clave pues eso les permite salir con más frecuencia para citas médicas, muchas de ellas simplemente para revisar un diente, planear una dieta o exámenes de rutina.
Por ello resulta harto curioso que sea el nuevo gobierno – tildado por muchos de extrema derecha, de la élite y de los privilegiados “blanquitos y riquitos” – el que esté tomando esta bestia de sistema corrupto por los cuernos y haya ordenado eliminarlo, trasladando a estos “seres especiales” a cárceles del común. Quizá no sea lo suficiente pues en La Picota está vigente lo descrito arriba, pero ya es un avance relevante frente al pasado gobierno “progresista”, “del pueblo”, “del cambio”, que no solo tuvo una inacción absoluta en esta materia, sino que amplió privilegios a algunos de los más peligrosos delincuentes – como los del “Tarimazo” en Medellín – con la excusa de la fracasada paz total.
Bien puedan, acaben también con los call center extorsivos desde las prisiones.
El presidente De la Espriella como su ministro de Justicia, Iván Cancino, podrían ser los menos llamados a tomar esta drástica medida; ambos penalistas, defensores legales de muchos delincuentes y de la élite. Pero lo hacen. Y ojalá sea el primer paso de tantos que hay que dar en Colombia para que este “sistema” de castas excluyentes y repletas de privilegios empiece a ser derrumbado.
