Por Esteban Hoyos Ceballos*
ehoyosce@eafit.edu.co
Hace unos días en un foro público el alcalde Daniel Quintero señaló que conformaría una comisión de expertos para revisar el gobierno corporativo de EPM en el marco de las directrices de la Ocde. Dijo el alcalde que eso probablemente supondría tramitar un proyecto de ley en el Congreso. La Ocde es una organización internacional que promueve un conjunto de políticas, de buenas prácticas de los países desarrollados, para mejorar el bienestar social y económico de los Estados y responder a los desafíos económicos, sociales, medioambientales y de buen gobierno. Este año, y luego de un largo proceso liderado por el gobierno Santos, Colombia entró oficialmente a esta organización, aunque cabe decir que ya viene adoptando en múltiples sectores algunas de las recomendaciones de política pública de la Ocde.
La Ocde tiene algunas directrices sobre el gobierno corporativo de las empresas públicas. Me parece relevante que la ciudadanía se familiarice con ellas, pues en las próximas semanas, de cumplir el alcalde con su promesa, habrá una discusión intensa en la ciudad sobre estas reglas y los ajustes necesarios en el gobierno corporativo de EPM.
Me referiré en esta columna al tema de las interferencias políticas, algo que preocupa en general a la Ocde.
Para esa organización, una dificultad recurrente en las empresas públicas es que sufran injerencias políticas indebidas que puedan llevar a una dilución de responsabilidades o a una pérdida de eficiencia en las operaciones. La presencia de políticos y funcionarios puede mezclar actividades empresariales con tareas regulatorias o con labores políticas propiamente dichas, lo cual puede poner en riesgo a la empresa.
Para enfrentar este problema, las directrices proponen blindar a las empresas públicas de políticos y funcionarios para así garantizar al máximo la independencia de las juntas directivas. Como explicó Mauricio Cárdenas en una nota publicada en El Tiempo hace un par de semanas, esta directriz llevó a que el gobierno colombiano, por ejemplo, retirara a los ministros de las empresas públicas para dar paso a miembros de junta independientes. La idea es que la presencia de estos funcionarios en las juntas no afecte la toma de decisiones de la empresa.
La promesa (incumplida) de campaña de Daniel Quintero de nombrar al gerente de EPM a través de una firma cazatalentos es compatible con las directrices de la Ocde, pues este tipo de procesos garantiza mayor independencia. Por el contrario, la presencia del alcalde en la junta, el nombramiento a dedo del gerente y de la totalidad de los miembros de la junta se aleja de esas buenas prácticas, al no garantizar un órgano de gobierno independiente. También sería reprochable la presencia de funcionarios de la administración como delegados en los comités de la junta directiva.
El alcalde conoce bien las directrices de la Ocde. Fue parte activa del proceso de entrada a la organización en el gobierno Santos. Sabe también que no todos los ajustes al gobierno corporativo de EPM requieren de cambios legislativos. Así que antes de conformar comisiones, que en Colombia suelen ser una buena excusa para evadir responsabilidades, debería cumplir algunas de sus promesas de campaña, cumplir con las reglas actuales y ajustar el gobierno corporativo de EPM de manera que blinde a la empresa de intereses e interferencias políticas.
* Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Eafit.
