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En los últimos meses, el orden público en Colombia ha experimentado un grave deterioro. En territorios como el Cauca, el Magdalena y el Valle, la situación es preocupante: entre masacres y atentados terroristas, la gente ve cómo su anhelo de vivir en un país en paz se esfuma debido a la incapacidad del gobierno de garantizar seguridad y justicia. Es necesario hacer un alto para analizar un poco el pasado reciente: lo bueno, lo malo y lo que hay que mejorar.
La implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro son fundamentales para comprender la situación de orden público. A pesar de los avances, persisten desafíos que requieren atención urgente y soluciones efectivas.
Desde la firma del Acuerdo, se han logrado progresos notables en la reincorporación de excombatientes y la implementación de la Reforma Rural Integral. Hasta la fecha, más de 11 mil personas que antes estaban en la guerra han sido incluidos en proyectos productivos, y se han formalizado 82.014 hectáreas de tierras para su uso productivo, contribuyendo a un total de 807.815 hectáreas. Asimismo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han finalizado 3.689 proyectos desde la firma del Acuerdo.
Sin embargo, la seguridad sigue siendo un gran obstáculo. Desde la firma del Acuerdo, se han verificado 416 asesinatos, 37 desapariciones y 137 intentos de homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía ha solicitado 513 órdenes de captura, resultando en solo 75 condenas. Estos números revelan la peligrosidad constante para quienes promueven la paz y la justicia en Colombia.
La implementación de la Reforma Rural Integral también enfrenta retos significativos. Aunque se han creado instituciones importantes como la Jurisdicción Agraria y se ha reconocido al campesino como sujeto de especial protección, solo el 0.63% de las tierras disponibles han sido entregadas a beneficiarios.
La política de Paz Total, promovida por el gobierno, está en crisis. Uno de los principales problemas ha sido la premura en la concesión de estatus político a disidencias de las FARC como el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. La Ley 2272 de 2022 había establecido rutas diferenciadas para negociaciones políticas con grupos armados organizados y el sometimiento judicial de estructuras criminales. No obstante, la unificación de diversas disidencias de las FARC bajo un estatus político ha desincentivado el sometimiento judicial y ha creado incentivos perversos para la negociación.
En conclusión, la situación de orden público en Colombia presenta una mezcla de avances y desafíos. Los logros en la reincorporación de excombatientes y la Reforma Rural Integral son significativos, pero los problemas de seguridad y la implementación deficiente de la política de Paz Total subrayan la necesidad de una revisión y ajuste continuos. Es esencial que el gobierno colombiano fortalezca su compromiso con el Acuerdo de Paz, garantizando la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y que aclare y refuerce las estrategias bajo la política de Paz Total para lograr una paz inclusiva y sostenible.
