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La vivienda no es solo un techo; es dignidad, estabilidad familiar y movilidad social. Además, este sector de la construcción genera inversión, empleo y bienestar a gran escala, porque es intensivo en mano de obra y jalonador de 34 subsectores más.
Pero hoy, está atravesando su peor crisis desde la del UPAC a finales de los años noventa. El PIB del sector edificaciones cayó –2,5% en 2024, y para 2025 se proyecta una contracción cercana al –7,4%. El licenciamiento de construcción tuvo un boom en 2022 llegando a 32,7 millones de m², pero se desplomó, y en 2023 fue de 25,4 millones, en 2024 de 19,6 millones, y a julio de 2025 apenas llevábamos 12,6 millones m².
La oferta de terrenos sigue negativa y las iniciaciones de vivienda han caído durante tres años consecutivos, reduciéndose -29,5% a julio de 2025, cuando solo se habían iniciado 116 mil unidades; esto se traduce en menos empleo, que se suma a los 4 mil perdidos en 2024 y al crecimiento de la informalidad.
Otro indicador preocupante es el aumento en los desistimientos, que a julio de este año llegó a 3.439, más del doble del mismo periodo en 2024; lo que implica que una de cada cinco ventas de vivienda no logra materializarse, por incapacidad del hogar para obtener crédito o subsidio, o por problemas de las constructoras.
La tasa de interés tampoco ayuda, con un promedio de 11,38% en Vivienda de Interés Social (VIS) y 11,98% en No VIS, -un nivel elevado comparado con los promedios históricos-. Y a esto se suma la caída de los subsidios, especialmente Mi Casa Ya, que pasó de más de 66.000 en 2021 a 49.600 en 2024, y a julio de este año, antes de suspenderse, llevaba apenas 6.500 subsidios en todo el país.
Nosotros creemos que se tiene que reactivar la vivienda como política de Estado, con libertad económica, seguridad jurídica, mejorando disponibilidad de suelos, licencias ágiles, crédito accesible y más presupuesto. No podemos resignarnos a que Colombia construya 140.000 viviendas al año, cuando necesita al menos 380.000; ni a que abandone los mejoramientos, cuando el déficit cualitativo triplica al cuantitativo.
Nosotros proponemos una política pública de vivienda robusta, capaz de: atender la demanda estructural, incentivar la inversión, garantizar la continuidad de estímulos, aumentar la productividad y fomentar la sostenibilidad.
Que se recupere y mejore el programa Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés (Frech); se amplíen las líneas de redescuento y garantías para crédito constructor e hipotecario, con respaldo de Findeter y el Fondo Nacional de Garantías; se eliminen trabas y reduzcan tiempos de licenciamiento urbanístico; se declaren zonas de expansión prioritaria para VIS y habilite un banco nacional de suelo urbanizado; se brinde seguridad jurídica y respeto por la propiedad privada.
Además, se debe estimular la prefabricación y la construcción modular; implementar un plan nacional de formación técnica en construcción; crear una ley de fomento al arriendo formal, con incentivos tributarios y seguros de arrendamiento para propietarios; establecer programas de subsidio al arriendo con opción de compra; articular la política de vivienda con infraestructura, seguridad, servicios públicos y transporte, asegurando entornos habitables y sostenibles; coordinar acciones entre nación y territorios, promoviendo alianzas público privadas; promover compras con remesas y para no residentes; crear Semilleros de Vivienda; explorar alternativas de coliving, cohousing, y cooperativas de cesión de uso de vivienda; regeneración urbana, y autoconstrucción. En resumen, le apostamos a la vivienda.
