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Pasado el mediodía del 9 de mayo de 2021, la señora Sandra Patricia Jaramillo y su yerno, Jesús Fernando Mena, se dirigían en una motocicleta hacia el sector de Ciudad Jardín en Cali, cuando un bloqueo vial, cerca a la Universidad Autónoma se los impidió. Temiendo ser víctimas de los vándalos, decidieron regresar y entonces, varios de estos sujetos los siguieron en motocicletas y automóviles hasta su residencia. Una vez abordados por esos encapuchados, fueron brutalmente atacados, bajo constantes y enardecidas amenazas de ser asesinados. La señora Jaramillo lo recordó en el juicio al único atacante que pudo ser identificado, Francisco Javier Velasco Cabrera, a quien le suplicaba que la matara a ella y no a su yerno.
Tras este episodio, una de las víctimas se vio forzada a salir del país, mientras que el juicio contra Velasco Cabrera terminó en una ejemplar condena, que la Corte Suprema de Justicia dejó en firme con sentencia del 26 de marzo de 2025 (SP 757-2025, Radicado 67200). Este, es solo uno de los miles de actos violentos registrados entre abril y septiembre de 2021, donde la degradación de las protestas orquestadas, en buena medida por el sector político que hoy gobierna, en contra de la administración Duque, se extendieron por 843 municipios de los 32 departamentos.
En ese episodio que eufemísticamente denominan “estallido social”, tres policías fueron asesinados y 1.768 heridos, 628 vehículos policiales -entre los que se cuentan 4 ambulancias- y 161 instalaciones de la misma institución resultaron gravemente afectadas, con un costo superior a los $13.000 millones. Además, fueron vandalizados 4.282 bienes públicos y privados, 689 buses troncales, 607 buses zonales, 126 vehículos de transporte público y 347 particulares, 125 motocicletas, 445 cajeros automáticos, 463 oficinas bancarias, 30 bienes culturales, 4 instalaciones religiosas, 491 establecimientos de comercio y 319 misiones médicas.
Por si esto fuera poco, las autoridades judiciales hoy cuentan con información fehaciente de que grupos armados ilegales como el ELN y las FARC tomaron parte de esta toma terrorista del país, con el indiscutible propósito de desestabilizar el Gobierno que venía de lidiar con éxito los retos que supuso la pandemia de COVID-19.
Esta es la historia que pretende tergiversar Gustavo Petro con el establecimiento de un Comité de Expertos Ad Hoc, mediante el Decreto 1190 del 12 de noviembre de 2025, al que se le ha encargado la tarea de esclarecer las violaciones a los derechos humanos que “afectaron el ejercicio de la protesta social” entre los años 2019 y 2021.
Esta norma, plagada de irregularidades, se expidió sin competencia -violando la reserva legal para crear entidades del orden nacional- y falsa motivación, pues aducen el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que en ningún momento ordena conformar esta entidad; por lo cual procedí a demandarla ante el Consejo de Estado, a quien solicité su suspensión provisional para evitar incurrir en una serie de gastos en momentos de dificultad fiscal.
Vale la pena considerar si esto forma parte de la estrategia de Petro, a escasas semanas del proceso electoral, para volver con el discurso de odio y división de la época del estallido y para generar el mensaje de inmunidad para quienes cometan este tipo de actos. Los que postraron a Colombia ante los criminales, no nos van a engañar de nuevo con el falso discurso de defensores de la vida versus promotores de la muerte.
