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El sábado 24 de mayo en Santiago de Cali, se adelantó el séptimo foro de precandidatos del Centro Democrático a la Presidencia de la República, sobre política de paz.
Allí quedó claro que la política de Paz Total fracasó, provocando un acelerado deterioro de la seguridad, una grave desinstitucionalización en amplias zonas del país y una expansión de las estructuras criminales, que de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hoy tienen presencia en 809 municipios que equivalen al 73% del territorio.
Como resultado, se han incrementado los enfrentamientos entre las estructuras criminales y contra la Fuerza Pública; ha crecido el reclutamiento de menores, los confinamientos y los desplazamientos forzados, especialmente en 11 focos de violencia (Sierra Nevada, Serranía del Perijá, Antioquia -Bajo Cauca, Norte y Magdalena Medio-, Chocó, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Arauca, Meta y Guaviare), donde estamos ad portas de nuevas crisis humanitarias, iguales o peores a la del Catatumbo.
Los delitos de mayor impacto también han aumentado, mientras en 2021 el Ministerio de Defensa reportó 99 secuestros extorsivos, en 2022 dejó constancia de 141, en 2023 de 221, 2024 de 186, y a abril de este año se han registrado 106; asimismo, pasamos de 8.342 casos de extorsión en 2021 a 12.334 en 2024. Similar tendencia se ha evidenciado en los indicadores de otros fenómenos criminales, como las masacres, y el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Esta crisis de orden público también afecta al sector productivo, que enfrenta retos cada vez más complejos y costosos para el desarrollo de sus actividades, como la extorsión, el secuestro o los bloqueos de vías que sumaron 801 casos en 2024 por más de 12 mil horas y los 274 a abril de este año por más de 4.700 horas. Una encuesta de FENALCO, publicada en septiembre de 2024, reveló que el 60% de los empresarios han contemplado abandonar el país y que su principal preocupación es la inseguridad, con un 24%, ubicándose por encima de la excesiva carga impositiva y la inestabilidad jurídica.
Ante este panorama y el evidente debilitamiento de la Fuerza Pública, surge la imperiosa necesidad de redefinir la política de paz, teniendo como principios rectores: que la paz tiene que supeditarse a la política de seguridad y no al contrario; que no es posible paz con impunidad, se requiere equilibrio entre justicia y paz; que debe cerrarse la puerta giratoria, no pueden ser interminables la oportunidades para los delincuentes; que tiene que acabarse el reconocimiento de estatus político, frente a todas las estructuras criminales la única vía es un marco jurídico de sometimiento, y que por ningún motivo el Estado puede aceptar abandonar el control del territorio o cesar su obligación de garantizar la seguridad, por lo tanto no habrá más ceses bilaterales ni zonas de despeje.
La mejor política de paz es la seguridad con justicia, que garantiza a los ciudadanos los demás derechos y la posibilidad de vivir sin miedo. El próximo 20 de julio radicaremos ante el Congreso nuestra propuesta jurídica de sometimiento para empezar de una vez el debate público.
