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Los audios de conversaciones entre el entonces Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y un emisario del Clan del Golfo, alias Jerónimo, revelados por Noticias Caracol, son pieza clave para entender decisiones que en materia de seguridad se tomaron durante el gobierno de Gustavo Petro.
Lo que todos estos años pareció una sucesión de improvisaciones, atribuibles a la inexperiencia o al afán de alcanzar la “Paz Total”, hoy tiene otra explicación: la existencia de una política deliberada de concesiones y complicidad con grupos armados ilegales.
El compromiso del Gobierno Petro de jugar “a los congelados” con criminales explica que el propósito de suspender órdenes de captura, extradiciones y operaciones militares, la entrega de la inteligencia del Estado a bandidos y el retiro del servicio de experimentados y exitosos comandantes militares y policiales, tenía como fin permanecer en el poder con el respaldo de la criminalidad. No cabe duda de que la acelerada expansión y el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales, que tanta incidencia tuvieron en las elecciones parlamentarias a favor del Pacto Histórico y en las presidenciales en beneficio de Cepeda, son efecto de la política del Gobierno hacia los criminales, a los que les debía el favor del millón de votos que según el hermano de Petro les pusieron en elecciones y con los que derrotaron a Rodolfo Hernández.
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados cerraron el 2025 con más de 27.000 integrantes, lo que representa un aumento del 23,5% en un año; el Clan del Golfo incluyó más de 2.300 nuevos miembros, y este año registró el mayor nivel de disputas armadas de la década, con 13 zonas de confrontación activa e incremento del 34% en enfrentamientos entre organizaciones criminales por el control de zonas en los que se suspendieron las operaciones de la Fuerza Pública. Particularmente, según Indepaz, el Clan del Golfo extendió su presencia a 381 municipios de 23 departamentos, 77 más que en 2024. Lamentablemente, el costo humanitario de este pacto criminal es el más elevado en décadas, si se tiene en cuenta la inclusión de más de un millón de nuevas víctimas en el Registro Único de Víctimas del Conflicto, relacionadas con hechos entre el 7 de agosto de 2022 y el 1º de junio de 2026, de los que se destacan desplazamientos forzados, confinamientos de poblaciones, amenazas, masacres y reclutamiento forzado.
Lo pactado entre Petro y los criminales al servicio de su deseo antidemocrático de permanecer en el poder sin importar el costo humano e institucional, conlleva para él y sus funcionarios, como el Comisionado Rueda, el exministro de Defensa Velásquez y su exjefe de gabinete Sarabia, una responsabilidad que va más allá de lo político, incluso que habilitaría a autoridades penales de EE.UU. para iniciar causas por conspirar o colaborar con grupos narcotraficantes que introducen drogas ilícitas a su territorio. Eso puede explicar la pataleta de Cepeda, que cínicamente anuncia desobediencia civil, por supuesto riesgo que genera el presidente Abelardo a la seguridad nacional y la soberanía judicial, patadas de ahogado para buscar evadir responsabilidad por lo que les viene.
