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Los partidos políticos —el Centro Democrático y el Pacto Histórico— están celebrando una supuesta victoria de haberse unido para escoger al nuevo presidente del Congreso. Ante lo cual el gobierno entrante respondió felicitando al senador Henríquez, aceptando el juego democrático y ratificando el espíritu de colaboración armónica.
Y también respondió con un anuncio central: La gestión del gobierno se medirá por la ejecución desde las regiones, sin intermediarios y no por las reformas. Gobernar no será reformar. Por fin.
Así las cosas, los partidos políticos tendrán un reto mayúsculo. ¿Qué van a hacer? Porque en los últimos 30 años, por poner un horizonte en el tiempo, han estado en una posición cómoda y mercantilista. Si para los gobiernos de turno gobernar fue reformar, eso que llaman gobernabilidad implicó muchas travesías opacas de yidispolítica y sneyderpolítica.
Por andar en eso, dejaron, entre otras cosas, de atender algunos de los desarrollos trascendentales de la Constitución del 91. Un ejemplo elocuente. La Constitución de 1991 previó figuras como las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y, décadas después, el ordenamiento jurídico incorporó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Su desarrollo ha seguido caminos distintos, pero ambos reflejan una misma realidad: durante años el Congreso dejó abiertas discusiones que la propia Constitución había considerado esenciales y la Corte Constitucional había demandado su reglamentación.
Como el Congreso miró para otro lado, el gobierno de Petro vía decreto aprovechó varios vacíos legislativos para avanzar en transformaciones territoriales profundas que el Congreso nunca quiso atender. Figuras constitucionalmente legítimas, pero desarrolladas mediante mecanismos jurídicos discutibles y sin consenso político suficiente.
El resultado de lo anterior, según distintos informes de prensa, es que se establecieron 22 ETI formalizadas, que cubrirían cerca de 17 millones de hectáreas, aproximadamente el 15 % del territorio nacional, con un modelo político autónomo que reivindica una reparación histórica que seguimos padeciendo, sin terminar de entenderla.
Se habla mucho de la herencia que recibe el nuevo gobierno en materia de salud, de energía, de déficit fiscal, de seguridad, entre otros. Pero se habla muy poco del impacto que tendrá esta reglamentación transitoria y acelerada de las ETI, sin la ley orgánica que la propia Constitución exige, y los efectos en la propiedad privada existente y la superposición con el ordenamiento territorial municipal y departamental.
Con un dilema exponencial: Si queda tal cual lo definió el gobierno de Petro, tendremos serios problemas con la propiedad privada y el ordenamiento territorial. Si se elimina o modifica, genera una enorme tensión social por presuntos derechos adquiridos.
Las instituciones no se debilitan únicamente cuando alguien desconoce las reglas de la democracia. También cuando quienes tienen la responsabilidad de desarrollar la Constitución no la asumen. Las omisiones prolongadas no preservan el statu quo; lo transforman silenciosamente cuando alguien decide ocupar los espacios vacíos, como lo ha hecho Petro con transformaciones silenciosas de enorme impacto sin el debido debate público.
El problema lo creó el Congreso. Que lo arregle. En vez de estar celebrando “victorias” pírricas y añorando las mieles de la yidispolítica y la sneyderpolítica, deberían tomarse en serio su trabajo y comenzar a establecer la agenda de las reformas y los desarrollos constitucionales que demanda el país.
