Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
Temis se representa vendada porque debe decidir sin mirar la condición del juzgado, solo ponderando los hechos y la ley. El juez debe ser imparcial y no puede actuar basado en las circunstancias o presiones externas o en sus prejuicios, su ideología o sus simpatías políticas. Es sobre esta base que los jueces tiene el derecho de exigir el respeto y el acatamiento de sus decisiones.
Por supuesto, cuando hay razones objetivas para considerar que en un proceso se vulneraron el principio de imparcialidad o los derechos humanos del procesado, no solo es necesario, sino conveniente, es un deber, una exigencia, manifestarlo.
En el proceso contra Álvaro Uribe ha sido notoria la ausencia de imparcialidad del juez, primero de la sala penal de la Suprema y después de la juez Heredia. Se le procesa y se le condena no como a cualquiera sino porque es Uribe. La Corte de entonces lo persiguió porque estaba abiertamente enfrentada con él. La Juez, por su parte, mostró su sesgo múltiples veces. Muestra paradigmática es acusar de “falta de gallardía” a los hijos del expresidente, mientras que sostiene que Monsalve, el secuestrador en que se basa el juicio, tiene “valor civil”. Peor es la constatación de que para ella el ejercicio de los recursos de ley fueron “estrategias dilatorias”, el que la pena que impuso sea desproporcionada y más severa que la solicitada por la Fiscalía, y que privara de la libertad a Uribe alegando que “es necesario para preservar la convivencia pacífica” y que había riesgo de fuga, ambos motivos contraevidentes. Esa decisión, contraria a la jurisprudencia y a los criterios de ley, no solo demuestra sevicia, sino que busca impedir que pueda apoyar a sus candidatos en el proceso electoral.
En el juicio, además, hicieron leña con el derecho probatorio y hubo graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos la aceptación de pruebas obtenidas ilegalmente y la violación a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. Y en los miles de horas de grabaciones no hay una sola frase que demuestre que Uribe cometió un delito. Si a un expresidente le violan abiertamente las más esenciales garantías judiciales, ¿qué puede pasar con nosotros?
Preguntar sobre los motivos para enjuiciar y condenar a Uribe es indispensable. El juicio nace de la intención de Iván Cepeda, cuyo padre da nombre a un frente de las Farc, de vincularlo con el paramilitarismo y de sus visitas a las cárceles, ofreciendo beneficios a criminales para que declaren contra él. Es claramente una instrumentalización del sistema judicial para perseguir a los enemigos políticos. La actuación de la Suprema de entonces y de la Juez, ahora, son la otra cara: la politización de la justicia.
Lo que debiera ser digno de aplauso, que en Colombia se juzgue por fin a un presidente, termina siendo, por el fin y por la forma, un oprobio para la justicia misma y para el Estado de derecho.
Finalmente, es inevitable comparar. Petro, integrante de un grupo criminal que, entre sus muchos delitos, asesinó a once magistrados de la Corten el asalto al Palacio de Justicia, es Presidente y sus fechorías, las de entonces y las de ahora, están impunes. Y los de las Farc, responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no solo no pagaron por ellos, sino que recibieron curules regaladas en Senado y Cámara. Y, en cambio, Uribe, quien los combatió y venció en las urnas y en los campos de batalla, y precisamente por eso mismo, es condenado en un juicio plagado de irregularidades y violaciones a sus derechos.
