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En las zonas cocaleras de la región andina, niños de apenas 11 años se ven obligados a trabajar en los campos de coca, principal insumo para la producción de cocaína. No se trata de un hecho aleatorio, sino de una respuesta a los incentivos económicos. Cuando el precio de la hoja de coca sube, es más probable que las familias de las zonas cocaleras dediquen a sus hijos al cultivo y cosecha de la hoja.
Este fenómeno ha sido documentado por Micaela Sviatschi, economista argentina y profesora de la Universidad de Princeton. Enfocándose en zonas cocaleras de Perú, el segundo productor de coca después de Colombia, Mica compara niños que vivieron períodos de precios altos de la hoja de coca con niños que vivieron períodos de precios bajos.
De su análisis destaco tres resultados relevantes para el contexto colombiano, en muchos aspectos similar al de Perú. El primero tiene que ver con los efectos de corto plazo: el trabajo infantil aumenta en un 30% para niños expuestos a precios altos de la hoja. Los niños más afectados tienen entre 11 y 14 años. Además, como consecuencia del trabajo infantil y los ingresos relativamente altos que empiezan a recibir estos niños y sus familias, la deserción escolar aumenta en un 26% cuando suben los precios de la coca.
El segundo se relaciona con los efectos de largo plazo, comparando la situación de estos niños cuando ya se encuentran entre los 18 y los 30 años. El resultado sugiere que los niños que crecieron en zonas cocaleras durante temporadas de precios altos de la hoja—aquellos que sus familias emplearon en el cultivo y que se retiraron del colegio—tienen una probabilidad 30% mayor de ser encarcelados por crímenes violentos o delitos asociados a tráfico de drogas ilícitas.
El tercero se relaciona con políticas que mitigan estos problemas. Este análisis incorpora el despliegue de un programa de transferencias monetarias condicionadas durante el periodo de altos precios de la coca. El programa consistía en un subsidio dirigido a los padres con la condición de que sus niños asistieran al colegio. Consistente con la idea de los incentivos económicos, el trabajo infantil no aumentó tanto en municipios cocaleros durante precios altos cuando el programa de transferencias fue implementado. Es decir, el programa de transferencias, que no tenía nada que ver con la política de drogas, logró evitar que muchos niños trabajaran en cultivos de coca e iniciaran una carrera en la industria de la cocaína.
En Colombia tenemos alrededor de 230 mil hectáreas de coca. Tibú, Tumaco y Puerto Asís son los municipios con más cultivos, sumando más de 54 mil hectáreas. En estos municipios viven 30 mil niños entre 11 y 14 años. ¿Cómo los estamos protegiendo? Me preocupan dos situaciones. Primero, allí hacen presencia poderosos grupos armados vinculados al narcotráfico a quienes el gobierno no está enfrentando—bien sea por ceses al fuego o por restricciones operativas—como el ELN, el Estado Mayor Central, o la Segunda Marquetalia. Segundo, las ideologías antimercado—muy arraigadas en este gobierno—han dificultado el acceso de los ciudadanos a transferencias condicionadas y otros programas sociales. Se trata de una emergencia invisible, sin un doliente aparente, que lleva a estos niños a una tragedia terrible.
