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Como era esperable y deseable el gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha empezado a anunciar su política de seguridad y varias decisiones para desmantelar la arquitectura de la paz en lo que tiene que ver con cerrar algunas consejerías y la oficina del alto comisionado para la paz.
Mas allá de eliminar oficinas, lo que no me resulta preocupante, pues las políticas públicas pueden hacerse y cumplirse desde diferentes lugares, sí es importante pedirle al nuevo gobierno que garantice la continuidad de la implementación del proceso de paz de 2016 por varias razones: La primera es que se trata de un acuerdo con rango constitucional de obligatorio cumplimiento por parte del Estado y porque su desarrollo en el territorio es la única garantía para evitar que las guerras se reciclen.
Es fundamental pensar en los reinsertados: más de 13.000 ex combatientes que han honrado el proceso de reincorporación, hicieron el tránsito a la legalidad y hoy están y deben continuar activos en proyectos productivos y protegidos por el Estado en momentos en que ya se contabilizan más de 500 líderes asesinados. La política de seguridad debe ser efectiva y protectora de derechos humanos de la población civil frente a las amenazas del crimen organizado.
Otro punto es la agenda PDET. Hay avances y las comunidades esperan que los PDET continúen como el instrumento para planificar y garantizar el desarrollo económico y social en las regiones más afectadas por el conflicto. Es fundamental garantizar la transformación del territorio o de lo contrario, no habrá política de seguridad que valga.
La ART (agencia de renovación del territorio) hizo una tarea importante de renovar los Planes de acción para esa transformación en consulta con las comunidades y aterrizando las iniciativas a programas y proyectos; las empresas reconocen la importancia de esta agenda y han contribuido a través de la política que lideré en su momento, Obras x impuestos, cuyo cupo fiscal se ha ampliado continuamente de Duque a Petro. Ha sido un gana-gana, una oportunidad de alianza público-privada-comunitaria.
De otro lado, sería muy grave la pretensión de acabar con la JEP. Y no solo por las circunstancias constitucionales, que son importantes, es por lo que han adelantado, aunque lentamente, pero de la mayor relevancia. Ha condenado a los integrantes del último secretariado de las FARC, responsable de crímenes de lesa humanidad en secuestros, homicidios, desapariciones y reclutamiento. Y así también a los que deshonraron el uniforme y cometieron los mal llamados falsos positivos. El asesinato de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas en combate.
Estas dos decisiones ya son razón suficiente para respetar el instrumento de justicia, y darles a las víctimas la prometida verdad y reparación.
*Gracias a María Victoria Llorente y a Juanita Goebertus, por su incansable trabajo y todas las luces que nos permiten construir estas columnas editoriales.
