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No es necesario ser petrista para coincidir en lo importante que sería una reforma agraria que reduzca la concentración de tierras y el número de “latifundios improductivos” que existen en Colombia.
Con esta idea estuvo siempre de acuerdo, por ejemplo, Hernán Echavarría Olózaga, quien se quejó por años de que la “inversión en tierras, como el presupuesto público, permite vivir sin trabajar”. El empresario paisa se lamentó toda su vida de que en el país continuara siendo “verdad la fórmula que daba el bobo de Medellín de hace cincuenta años para volverse rico: compre una manga y siéntese a aguantar hambre en ella.” Carlos Lleras Restrepo, el expresidente a quien hoy en día rendimos homenaje en el billete de 100 mil pesos, no fue precisamente un “comunista”. Sin embargo, durante la segunda mitad de los años sesenta, hizo todo lo posible por impulsar una reforma agraria, siguiendo el ejemplo de los “oligarcas” López Pumarejo y Olaya Herrera, quienes décadas antes habían intentado algo similar con escaso éxito durante los años de la República Liberal.
Los intentos recientes del presidente Petro por suplantar las vías democráticas para ejecutar su propuesta de reforma agraria merecen rechazo. No obstante, en su esencia, su visión no es novedosa.
Sin embargo, en pleno siglo XXI, lo que sí es disparatado es presentar esta reforma agraria como una estrategia que modernizará a Colombia.
El potencial transformador de una reforma agraria se reduce en un país que cada vez es más urbano. Un hecho evidente del desarrollo económico es que, a medida que el ingreso por habitante crece, una menor proporción de la población trabaja y reside en el campo. Mientras que en 1960 más de la mitad de los habitantes de Colombia residían en áreas rurales, en la actualidad esta proporción ha disminuido a menos del 20%, con una tendencia a seguir decreciendo. Por otro lado, cada vez menos jóvenes colombianos muestran interés por trabajar a la ruralidad, optando en su lugar por buscar oportunidades educativas y laborales en las ciudades. De acuerdo con la última Encuesta Nacional Agropecuaria, solo el 3% de los productores agropecuarios en el país tienen menos de 28 años.
En el 2023 nos encontramos en un país en el que la riqueza no está determinada por la tenencia de la tierra. La participación de la agricultura en el PIB pasó de más del 60% a comienzos del siglo XX a menos del 10% hoy en día. Nuestra economía se orienta cada vez más hacia el sector de servicios, haciendo que haya una mayor relevancia en el capital social y la educación para superar la pobreza. No somos el mismo país que le tocó a López Pumarejo y Lleras restrepo.
Una reforma agraria en la que se compren predios a precios comerciales para distribuir entre campesinos es importante en un país en el que históricamente la tierra ha sido una de las principales causas de desigualdad y violencia. Sin embargo, a la hora de mirar hacia el futuro, el foco de la inversión de recursos hacia lo que nos ayudará a transitar a ser un país desarrollado está en otro lado. Colombia ya es un país urbano y orientado hacia el sector terciario.
Una reforma agraria no modernizará a nuestro país.
