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Sí hay estudios serios de diferentes organizaciones que a lo largo de los años definen cuáles son las rutas y los flujos de ese armamento ilegal. Pero esos estudios, que son descriptivos, chocan con la metodología de los organismos de control del Estado, absolutamente inefectivos para prevenir el ingreso de armamento por Venezuela, Ecuador, Brasil y particularmente por Panamá (Darién, Pacífico y Caribe) a Urabá y Antioquia.
En América Latina se estima que circulan 60 millones de armas ilegales. Entre esas armas, hay algunas sofisticadas como la carabina Barret, de francotirador, empleada en Afganistán y Siria, que entran por vía marítima, aérea y terrestre por las vecindades, lo cual habla de la tremenda ineficiencia e incapacidad de control de las fronteras. Ese flujo es viejo.
Colombia, como ningún país de Latinoamérica, ha sufrido un envío continuo de armas ilegales por todas las rutas y medios, el cual se ha incrementado a raíz del rearme del narcotráfico y los grupos ilegales.
Vía Urabá, Medellín es un centro de acopio de armas que incluso luego se distribuyen a otras bandas del país. Antioquia tiene valor estratégico por su paso a Centroamérica, Caribe y Pacífico. El descuido de los gobernadores es proverbial y han delegado la tarea a un Gobierno Nacional que no ha hecho mucho.
